La Amazonia se encamina a un punto de no retorno a causa de la sobreexplotación de tierras y bosques. A esta conclusión llegaron científicos como Thomas Lovejoy y sus pares, quienes afirman que el daño ambiental y climático será irreversible cuando la deforestación y la degradación superen el umbral de 20% a 25%. Superar el punto de no retorno significa que la Amazonia emitirá más carbono del que llegue a absorber. El quiebre estaría muy cerca: el año 2030.
Esta alerta científica marcó la agenda de la Cumbre Amazónica celebrada el 8 y 9 de agosto en la ciudad de Belém (Pará, Brasil) con la presencia de ocho presidentes de los países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). El anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió hasta el final en la necesidad de alcanzar compromisos concretos para la erradicación la deforestación antes del 2030. Sin embargo, fracasó la iniciativa por culpa del gobierno de Bolivia.
La actuación patética de la delegación boliviana fue reportada por varios medios internacionales. “Hemos intentado [incluir objetivos de deforestación], pero Bolivia pidió explícitamente que se eliminara”, declaró un delegado brasileño al Financial Times. “La culpa es de Bolivia”, soltó otro funcionario ante el reportero del periódico The Guardian. BBC también informó que la meta común fue rechazada sobre todo por el presidente de Bolivia.
Pero la irresponsabilidad del gobierno nacional no es de ahora, sino permanente. Bolivia abandonó abiertamente la protección de la Amazonía desde el conflicto por el TIPNIS (2011). Repasemos algunas evidencias y hechos.
Primero, la tenencia de la tierra en la Amazonia boliviana quedó consolidada mayormente en manos privadas. El Estado solo controla 3 millones de hectáreas como tierras fiscales en Beni, 3,1 millones en Pando y 2,6 millones en el norte de La Paz. Estas cifras representan apenas el 15% de la región amazónica de Bolivia. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó títulos agrarios sobre el resto a propietarios privados, incluso por encima de las propiedades comunitarias, áreas protegidas o bosques de dominio común. El Estado boliviano dejó de ser el dueño mayoritario de los bosques tropicales de las tierras bajas.
Segundo, si bien el reconocimiento de territorios indígenas es legítimo para los pueblos, es insuficiente como estrategia de protección de la Amazonia, además de estar sobrevalorada por parte de los organismos ambientalistas. Aunque existen tierras comunitarias de origen (TCO) en la Amazonia, las mismas no son infranqueables ante el avance de las economías extractivas. Las disminuidas poblaciones indígenas siguen ocupando los escalones inferiores en las pirámides de los poderes regionales. Y a pesar de ello, casi todos los organismos de cooperación siguen financiando proyectos de apoyo a los pueblos indígenas de las tierras bajas, convencidos que de esa manera contribuyen a la protección de la Amazonia. Los desaciertos de este tipo explican, en parte, la existencia de relaciones clientelares entre organizaciones de apoyo y dirigencias indígenas que, en última instancia, sólo acaban justificando fines particulares.
Tercero, los principales protagonistas de la deforestación siguen gozando de grandes privilegios económicos. La política oficial del gobierno de Luis Arce es facilitar el avance de la frontera agrícola hacia la región amazónica. Para ello otorga permisos de desmontes de forma masiva, subvenciona el diésel que utiliza la maquinaria agrícola, financia los desmontes, entre otras medidas. Además, los medianos y grandes propietarios de la tierra de Santa Cruz y Beni prácticamente están exentos del pago de impuestos al valor agregado y sobre las grandes utilidades, especialmente en el sector soyero. El gobierno preserva estas medidas porque, en realidad, no tiene alternativas al extractivismo.
Cuarto, Santa Cruz tampoco tiene estrategias de protección para la Amazonia. Específicamente, los grupos cruceños de poder económico operan libremente en el sector agropecuario, es decir, sin responsabilidades ambientales y climáticas. Excepto el parque nacional Noel Kempff Mercado, Santa Cruz no se preocupó por la creación de áreas protegidas dentro de la Amazonia. Nada de esto es casual, por supuesto. La ausencia de medidas de protección permite la expansión de la frontera agrícola desde el centro del departamento cruceño, hacia el norte, siguiendo la ruta caminera a Trinidad. Los indígenas guarayos perdieron el control de su TCO. El gobierno departamental se dedica a encubrir a los implicados en la deforestación y varias ONG ambientalistas de la región son acríticas con los grupos de poder que sobreexplotan el bosque primario.
Por último, en la franja territorial que divide la Amazonia boliviana del resto del país, proliferan nuevos asentamientos humanos. Las nuevas comunidades interculturales crecen caóticamente porque son utilitarias a los intereses político-partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), y no parte de algún tipo de plan de desarrollo sostenible para la Amazonia. Los interculturales emergieron como una nueva sociedad rural, desde el norte de La Paz adyacente a Perú, pasando por el trópico de Cochabamba, el TIPNIS, las zonas de colonización de Santa Cruz, hasta llegar a la frontera con Brasil. Son sociedades de frontera y en formación, vinculadas a las actividades ilegales que coexisten con las economías extractivas.
En pocas palabras, la región amazónica de Bolivia ha sido tomada y ocupada de forma caótica y masiva, no tiene presencia estatal y no ayuda el ambientalismo complaciente que no incomoda. La Amazonia ha sido abandonada varios años antes de la Cumbre de Belém.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.