La crisis de agua, también es una cuestión sociológica

Probablemente, ya hemos superado el debate polarizado entre el antropocentrismo y el biocentrismo en el tema ambiental, pero en escenarios de crisis —como el del agua— tienden a prevalecer iniciativas desde el ambientalismo conservacionista. Y es aquí donde la teoría crítica cobra utilidad para desnudar las inequidades dentro de la estructura social y en lo posible identificar a los responsables de la crisis hídrica.

Dentro de los estudios agrarios y de desarrollo rural, uno de los temas que está posicionándose notablemente es la crisis de agua en la última década. Se amplifican preocupaciones gubernamentales, comunales y académicas sobre la muerte de glaciares, desaparición de lagunas, contaminación de ríos. Bolivia no es ajena a la crisis hídrica global, aunque sea la puerta trasera de los países industrializados. Recientemente, ha lamentado la muerte de uno de los sitios RAMSAR en Santa Cruz: la laguna Concepción. Hoy, nuevamente, entra en apuros porque uno de los lagos más altos del mundo agoniza en el altiplano: el Titicaca. El Observatorio permanente del Lago Titicaca alerta que esta fuente monumental de agua podría perecer en 27 años.

A medida que la crisis hídrica se abrió camino, el cambio climático fue el punto de partida. No solo se ha incorporado como marco de análisis, sino en el centro de análisis. Bajo esta óptica, la explicación es que las fuentes de agua se desvanecen por la sequía prolongada, la reducción de la intensidad de lluvia, el aumento de niveles de evaporación, y así sucesivamente se enlistan variables climáticas afines al calentamiento global. Este enfoque está movilizando acciones y articulando redes de actores. Mientras los centros de investigación y gobiernos apuestan por soluciones técnicas como la reforestación, otras instancias impulsan la cosecha de agua, y los más visionarios hacen mapeo de reservorios de agua en zonas inhóspitas. Las comunidades rurales también gestionan nuevos acuerdos de resiliencia y algunas planean relocalizar sus asentamientos cerca a fuentes hídricas. Son acciones necesarias porque de no efectivizarse probablemente la escasez hídrica sería severa sin siquiera esperar el mediano plazo, pero abrazar este enfoque como el único referente en el fondo puede conducirnos a una mirada utilitaria.

Los estudios agrarios críticos, una de las líneas de investigación más actualizadas en un mundo agrario globalizado, nos plantean que evaluar las pérdidas y los daños relacionados con el clima, centrándose en los fenómenos climáticos como causa principal, eclipsa y silencia las numerosas causas no climáticas, como las sociales, políticas y económicas. Esta perspectiva retoma los postulados de la sociología ambiental; en otras palabras, llama a la conciliación entre la sociedad y el medio ambiente como entes interdependientes. Es que, enmarcar un problema ambiental desde el trasfondo social podría abrir la puerta a un abanico más amplio de causas. Y probablemente, lo más ventajoso de todo esto es que, mientras más causas identificadas resulten, también surge un universo de posibles soluciones.  

Considerar los postulados de esta escuela de pensamiento crítico para compensar la mirada ambientalista de la crisis del agua es sumamente valioso porque permite transgredir ese ambientalismo conservacionista que muchas veces, de manera ingenua o no, termina promoviendo el capitalismo verde y la agricultura extractiva. Hoy, abordar la deficiencia hídrica en Bolivia pasa por alimentar el análisis conceptual con la economía política y esto necesariamente implica develar que las afectaciones son diferenciadas según estructuras sociales e identificar con nombre y apellido a los responsables de la crisis. Ciertamente, se trata de un análisis incómodo y polémico porque toca hablar de inequidades y poderes ocultos que el ecologismo conservacionista esquiva.

Los hechos son claros. A pesar de que en Bolivia hay varias organizaciones ambientalistas que trabajan con presupuestos holgados la resiliencia climática, el cuerpo seco de la laguna Concepción yace sin ajusticiados en medio de extensos campos de soya. Lo mismo está pasando con la agonía del lago Titicaca. Se discute que las comunidades circundantes no están tomando los recaudos necesarios o que la ciudad de El Alto destina basura, pero no se cuestiona los poderes más grandes. Por ejemplo, ¿Qué hacen las empresas transnacionales como Coca Cola para evitar que las botellas de plástico no invadan el lago? ¿Por qué la minería de Suches en el Altiplano larga libremente sus aguas residuales al lago? ¿Por qué las empresas estatales como EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento) desvían las fuentes hídricas para alimentar los centros urbanos en desmedro de la población rural? 

Finalmente, los estudios críticos nos invitan a pensar el problema del agua más allá de servicios ambientales. La corriente conservacionista abraza el biocentrismo, y desde esta óptica la pérdida de vidas marinas y acuáticas toma más importancia que las afectaciones sociales. De ahí que hay un amplio desarrollo de indicadores de medición y cuantificación de daños en la flora y fauna. Es cierto que el biocentrismo ha desafiado al antropocentrismo que creía que el hombre es el más importante, pero como todo extremo, está desplazando a un segundo plano las afectaciones sociales. Cuando hay sequía no solo se extingue la vegetación o sufren los animales, hay comunidades enteras que empobrecen y deben desplazarse hacia nuevas zonas y las mujeres son triplemente sobrexplotadas porque garantizar la comida en medio de escasez de agua es casi una tarea imposible. Por cierto, en los alrededores del lago Titicaca hay cientos de pobladores aymaras que de forma permanente tienen que ajustar sus medios de vida ante el letargo del lago y la desaparición de la pesca como actividad económica.   

Ensanchar el abordaje del problema del agua hacia una mirada sociológica no solo desafía la predominancia del salvataje técnico que tiende a responsabilizar el problema al calentamiento global, sino que profundiza las causas socio estructurales, de modo que se pueda identificar a los poderes económicos y políticos como corresponsables directos del desastre. Esta perspectiva de análisis contribuye a que la acción por el agua no se quede en una reacción coyuntural, sino que resulte de decisiones políticas que eviten la repetición de la crisis de agua año tras año.     

Martha Irene Mamani es investigadora de la Fundación TIERRA. 

 

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