En Guarayos estamos observando nuevos mecanismos de despojo a los pueblos indígenas: 1) a través de la compra de parcelas de tierras dotadas por la reforma agraria campesinos guarayos: 2) el proceso de saneamiento, a través del cual muchas propiedades han logrado su legalidad: 3) nuevos asentamientos campesinos ilegales en áreas tituladas como TCO del pueblo guarayo; 4) legalización de asentamientos y actividades agropecuarias ilegales a través del proyecto de Decreto Supremo de Reservas Integrales de Bosques.
El fondo de la disputa entre sectores de los guarayos es porque la propuesta del decreto es apoyada por los sectores ligados a la actividad agropecuaria, empresas, interculturales, campesinos e indígenas guarayos que se han adscrito a este modelo de desarrollo y ven la reserva forestal como obstáculo. Por otro lado, importantes sectores y comunidades del pueblo guarayo se han adscrito a un modelo de desarrollo a base del recurso forestal y ven en esta propuesta una amenaza a su trabajo, a sus inversiones y al territorio indigena.
Para entender mejor esta reacción tenemos que considerar que en Guarayos hay alrededor de un millón de hectáreas bajo manejo forestal de comunidades indígenas, esto significa una inversión considerable de capital, trabajo y tiempo, estamos hablando de inversiones forestales, de planes de manejo, de contratos entre comunidades y empresas madereras y de un conjunto de trámites que se realizan y aprueban por la propia Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que ahora promueve este tipo de decreto supremo que 'legaliza' la conversión de uso de suelo de forestal a “integral” vulnerando el Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz (PLUS) aprobado por Ley.
En Guarayos estamos presenciando diferentes sectores sociales en disputa por tierra, relacionados con dos modelos de desarrollo en pugna.
Publicado en periódico El Deber el 9 de abril de 2017.
*Alcides Vadillo es investigador de la Fundación TIERRA.
