Este trabajo aborda los alcances y limitaciones del extractivismo que se propone desde el gobierno del MAS y que se implementa sin grandes preocupaciones por los impactos ambientales. El tema central es si la extracción intensificada de recursos conduce (en qué grado o no) a un nuevo patrón de acumulación capitalista, donde el modelo primario exportador debería dejar de ser la principal fuente de obtención de la riqueza. Este debate tiene relevancia porque apremia encontrar el equilibrio apropiado entre protección de recursos naturales y desarrollo económico.
Introducción
El gobierno de Evo Morales está dando pasos firmes para desentenderse de su programa anticapitalista y antimercantilización de la naturaleza y pasar a abrazar con más fuerza el extractivismo. Justificar y defender esta transición radical no es una tarea fácil pero el gobierno ha comenzado a ocuparse de ello en los últimos años1. Como era de esperar, antes que una explicación sistemática sobre por qué es mejor la mercantilización intensificada de los recursos naturales –y cómo ello conduce al Vivir Bien– predomina el hostigamiento a quienes cuestionan este viraje.
La defensa del extractivismo desde una opción confrontacional implica descalificar a los movimientos ambientalistas, como si con ello fueran a desaparecer los problemas de nuestro patrón de desarrollo primario exportador. Los ecologistas están acusados de estar dedicados a cuidar los intereses de los países ricos, es decir serían simples cómplices de los mayores culpables del calentamiento global. Además, estarían en contra de los intereses nacionales por obstaculizar el desarrollo económico y la puesta en marcha de programas de industrialización para la lucha contra la pobreza. Álvaro García Linera, en su ensayo “Medioambiente e igualdad social”, además de reiterar su cuestionamiento al eco-imperialismo, enjuicia el ecologismo elitista que ignora los problemas sociales, pero no lo hace para exigir justicia ambiental, medidas más firmes de los países dominantes para la lucha contra la degradación ecológica o para avanzar en el análisis sobre acumulación y desposesión sino su escrito es, fundamentalmente, un alegato en defensa del extractivismo con inclusión social2.
La intención en este texto es retomar un punto fundamental que a menudo es ignorado: el extractivismo propugnado por el gobierno, ahora con licencia para contaminar, tiene limitaciones e inconsistencias severas en su formulación como programa de desarrollo, en mucho porque sigue siendo funcional al sistema económico global, al capitalismo destructor de la naturaleza y adicto al crecimiento ilimitado.
La intensificación del extractivismo
El abandono de las políticas (no del discurso) de protección ambiental y la intensificación del modelo extractivista ocurren en un periodo de tiempo breve y marcado por procesos políticos y económicos solapados. Para muchos, el conflicto por el TIPNIS de 2011 que enfrentó a los indígenas y al gobierno marca el punto de inflexión, el momento de retrocesos en las políticas ambientales y de adopción abierta de la economía extractivista. Algunos ejemplos de la intensificación extractiva son las nuevas y flexibles regulaciones para facilitar proyectos de exploración y explotación petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas o la ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque. Para alcanzar el objetivo de generar riqueza mediante la industrialización se ha puesto en marcha la construcción de megaobras como la planta de fertilizantes de Bulo Bulo (862 millones de dólares, la inversión más alta en la historia de Bolivia), el proyecto siderúrgico El Mutún, el aeropuerto intercontinental o hub de Viru Viru o las hidroeléctricas El Bala y el Chepete.
El inesperado fin del superciclo de precios altos de materias primas (2011-2013) influyó decisivamente en la decisión gubernamental de compensar las pérdidas económicas por mayores volúmenes de producción. Los proyectos de industrialización también se ampliaron a la creación de una empresa estatal de producción de alimentos, una planta industrial de carbonato de litio, otra planta de propileno y polipropileno, una ciudadela de investigación nuclear y otros3. Dado que estos y otros proyectos necesitan más renta extractiva, el gobierno acabó por decantarse por una mayor dependencia del modelo primario-exportador. Así, el extractivismo acabó siendo un imperativo económico y político.
En medio de estas medidas económicas puede resultar curioso que el discurso ambientalista del gobierno perviva, especialmente frente a la audiencia global cuestionadora del pésimo papel de los ricos para detener el desastre ecológico y frente a las clases subordinadas. Pero tiene una razón de ser. Por un lado, es un instrumento retórico para conservar su imagen de gobierno indígena y legitimarse como una opción política adscrita al movimiento “Otro mundo es posible”. Por otro lado la intención es, por supuesto, persuadir e influir en la opinión pública para dar por sentado que los movimientos ambientalistas y antiextractivistas tienen nexos con el eco-imperialismo, al igual que las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan las contradicciones del gobierno. Esta asociación ligera busca desacreditar a las voces disidentes, despejar el camino de obstáculos y resistencias para mantener en marcha las nuevas iniciativas económicas. Desde esta mirada, los ambientalistas son enemigos de los pobres.
Los activistas son retratados únicamente como idealistas de la ‘naturaleza sin humanos’, que soslayan la importancia del desarrollo económico. Por supuesto que existen movimientos ambientalistas que califican de enemigos de la naturaleza a ciertos grupos poblacionales, específicamente a los campesinos andinos a menudo estigmatizados como “tomatierras” o “depredadores”, pero la realidad es algo más compleja que la oposición binaria de naturaleza y humanos. Una prueba de ello son las múltiples experiencias de gestión integral de territorios y comunidades en áreas protegidas.
Para que el extractivismo tenga la categoría de política de Estado, el gobierno asevera que las prácticas extractivistas son imprescindibles para sostener los programas sociales, en especial las transferencias monetarias hacia los sectores pobres y vulnerables. Dado que los problemas económicos y sociales siguen azotando a la sociedad boliviana, desde el poder se insiste que oponerse a la mercantilización de los bosques, áreas protegidas o territorios indígenas sería una posición atentatoria contra los intereses nacionales y de las mayorías.
En perspectiva, el extractivismo sería una manera de alcanzar de forma escalonada tres grandes etapas de desarrollo: industrialización con excedentes económicos e inclusión social, crecimiento con reducción de impactos ambientales y, por último, una sociedad con “mayor capacidad técnico-productiva para el control de los procesos globales de producción”4. En estos términos acaba siendo un patrón de desarrollo ideado por un movimiento político; en consecuencia, la interpretación literal o mecanicista –acción extractiva o de extraer– deja de tener relevancia analítica y lo que importa es su connotación como tendencia a intensificar la actividad extractiva, a modo de una condición originaria para instaurar un particular sistema económico y social de creación de riqueza.
Grosso modo, la jugada consiste en superar el extractivismo con más extractivismo, donde el Estado debe ser el protagonista central en calidad de estratega y promotor de procesos económicos y redistributivos. No hay una estimación específica del tiempo que tomaría este proceso. El año del bicentenario, 2025, está marcado en el calendario como hito para que todas las exportaciones tengan valor añadido y según algunas declaraciones públicas, el cambio del patrón de acumulación probablemente lleve unas dos décadas5.
Inconsistencias y limitaciones
Esta formulación que también se puede denominar ‘extractivismo dirigido por el Estado’, a pesar de sus múltiples implicaciones, no ha sido examinada con detenimiento. En parte esto es así porque, excepto un par de ensayos, la propuesta no está expuesta ni desarrollada de forma sistemática sino sigue estando confinada a los documentos políticos y burocráticos. Este hecho en sí mismo es una muestra de la fragilidad de la propuesta. Dejemos de lado este punto para advertir sobre las principales inconsistencias y limitaciones.
Primero, los promotores del modelo asumen que más extractivismo desencadenará un proceso de transformación estructural desde una economía primaria de exportación hacia una economía con alto valor agregado y generadora de excedentes principalmente a partir de la industrialización y las nuevas industrias de energías renovables. Es una narrativa atractiva pero básicamente reproduce ideas evolucionistas y desarrollistas, como si el salto solo fuera cuestión de tiempo, sin reconocer el papel y lugar que ocupamos en relación al mundo. Nuestra condición es de una sociedad subordinada, espacio hacia donde se expande la “acumulación por desposesión” y, además, con un historial de pésimo desempeño durante los años de experimentos latinoamericanos de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). No es lo mismo transformarse teniendo control sobre las materias primas que suministrándolas al resto del mundo. El extractivismo es tal no por extraer o transformar la naturaleza sino por el vínculo funcional, digamos, con China y otros países capitalistas. Además, el extractivismo no es nuevo en nuestra historia. Por lo tanto, ¿qué marcaría la diferencia?
La respuesta del gobierno es que ahora el Estado tiene un papel decisivo en la economía. Pero este postulado no tiene correlato en los hechos. Un número creciente de estudios confluyen al concluir que el gobierno de Evo Morales subordina e instrumentaliza cualquier faceta del aparato estatal a su proyecto partidario: la conquista, apropiación y dominación ideológica de las clases subordinadas, la reproducción permanente de su legitimad política y su expansión hegemónica. La preferencia por un Estado intervencionista pero a la vez supeditado a los intereses del partido gobernante lógicamente atrofia cualquier posibilidad de hacer de éste una maquinaria burocrática eficiente. Como señalan algunos estudios6, haría falta un Estado de tipo ideal weberiano para conducir las transformaciones económicas de carácter estructural pero las evidencias abundan sobre lo contrario, es decir, sobre la persistencia en América Latina (y en Bolivia) de aparatos públicos ineficientes y cooptados por grupos de poder y gobiernos de turno. Si todo esto es así, entonces estamos cerca de repetir la historia de proyectos nacionalistas fallidos.
Segundo, los impulsores del extractivismo dan por descontado que la mercantilización creciente de la naturaleza gestará un proceso sostenido de acumulación y apropiación capitalista. Si bien actualmente Bolivia se caracteriza por relaciones capitalistas que se generalizan y se internalizan en casi todos los circuitos de reproducción social, incluyendo la mercantilización de las economías de subsistencia de campesinos e indígenas7, no se puede dejar fuera de la ecuación el hecho de que todo esto no ha generado ni está generando acumulación y desarrollo de fuerzas productivas en una escala expectable, digamos en comparación con las tasas medias de los países de la región. El cambio de patrón de acumulación se podría medir, con recaudos, mediante algunos indicadores económicos. Por ejemplo, en materia de productividad laboral Bolivia ocupa el último lugar en América Latina y con un añadido bastante revelador y preocupante: la producción promedio por cada trabajador boliviano es la mitad con respecto a la media de la región y solo la tercera parte en relación al mundo8. En términos de rentabilidad de las inversiones, el gobierno publicita que Bolivia tiene la mejor tasa de rendimiento pero no menciona o no cae en cuenta que se trata de un excedente capitalista generado por la apropiación mercantil de los recursos naturales por parte de capitales transnacionales buscadores de rentas extraordinarias, es decir capitales incapaces de crear riqueza mediante la “reproducción ampliada” o la explotación capitalista de los trabajadores. ¿De dónde viene la ganancia? En este caso de las rentas extraídas a la naturaleza.
Tercero, los proponentes del modelo esperan que el Estado interventor conduzca el mencionado proceso de transformación estructural y con amplia participación de las empresas públicas en los sectores estratégicos. Esto significa que las mayorías bolivianas están consideradas tan solo como potenciales trabajadores asalariados antes que agentes económicos y políticos. Pero esta idea es precaria en extremo sabiendo que tanto las empresas estatales como la burguesía nacional han sido y son profundamente dependientes de socios foráneos y capitales extranjeros. Por ejemplo, la nacionalización de hidrocarburos no pudo cumplir con la meta de expulsar del negocio a las empresas petroleras transnacionales las que más tarde acabaron siendo defendidas por el propio presidente Morales explicando que ahora son socios y no patrones. La historia también nos enseña que nuestras élites del agro –bien conocidas por su mirada hacia afuera– no son más que socios minoritarios dentro del agronegocio ahora controlado casi por completo por capitales extranjeros. La improvisación del plan de desarrollo también queda delatada por la ausencia de mecanismos y políticas de redistribución de la riqueza, en caso de que prosperase la creación de la riqueza mediante los nuevos patrones de acumulación.
Cuarto, el extractivismo dirigido por el Estado no es parte ni está acompañado de esfuerzos sistemáticos en cuanto a reformas y cambios institucionales hacia dentro de nuestras fronteras. La pobreza, la desigualdad en razón de género y pertenencia étnica, la baja productividad laboral, la creciente dependencia de las importaciones o la incapacidad de controlar la expatriación de la riqueza son parte de los problemas de fondo que sistemáticamente se reproducen. Esto significa que persisten las fallas de gran magnitud en la estructura social y económica nacional. Nuestra inclinación por asuntos macro o “estructuralistas” nos ha hecho perder de vista muchos otros problemas que tenemos en casa. Por ejemplo, los pactos gobierno-latifundistas han saboteado reiteradamente cualquier iniciativa de reforma agraria para modificar la estructura agraria dual que explica la mayor parte de la extrema pobreza en que viven los pobladores rurales. Con este tipo de acuerdos y alianzas, los agroexportadores aumentaron su influencia sobre los gobiernos en las últimas dos décadas y consolidaron nuestra condición de simples suministradores de materias primas, en detrimento de procesos de industrialización interna y creación de clases medias y trabajadoras. Nuestra clase política y gobernante en cierto sentido procrastina al buscar por el mundo a los culpables del cambio climático o aventurándose en soluciones eco-populistas y sin prestar atención de forma sistemática a la necesidad de encarar cambios estructurales hacia adentro.
Conclusión
Para nadie es desconocido que apremia encontrar el equilibrio ‘apropiado’ entre protección de recursos naturales y desarrollo económico. Hasta ahora los virajes bolivianos más bien han pasado de un extremo a otro. El extractivismo que se propone ahora es un tipo de desarrollo económico sin obligaciones ambientales. Este planteamiento se justifica con enunciados como que el calentamiento global no es un problema nuestro, los culpables de los desastres ecológicos son otros, los ambientalistas obedecen a intereses foráneos y son los enemigos de los pobres. La conclusión obvia de la clase gobernante es tenemos derecho a explotar los recursos naturales para nuestro provecho y sin preocuparnos por los costos ambientales.
En este texto hemos privilegiado una cuestión crucial que se pasa por alto en muchos debates: si el extractivismo intensificado conduce (en qué grado o no) a un nuevo patrón de acumulación donde el saqueo de los recursos naturales no sea la principal fuente generadora de la riqueza. La aproximación crítica que hemos ensayado nos ha llevado a identificar vacíos, inconsistencias y limitaciones en la formulación y argumentación a favor del extractivismo promovido por el gobierno. Por esta razón y por las complejidades inherentes, el hacer frente a la destrucción de la naturaleza y adicción al crecimiento obsesivo exige replanteamientos de fondo.
Descargar PDF
* El autor es Director de la Fundación TIERRA.
1. Álvaro García Linera (2012): “Una vez más sobre el llamado “extractivismo”. En “Geopolítica de la Amazonía: Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”. Vicepresidencia del Estado Plurinacional-Bolivia.
2. Álvaro García Linera (2017): “Medioambiente e igualdad social” https://goo.gl/drT3wH
3. Gobierno de Bolivia (2016: 3-6): “Plan de desarrollo económico y social 2016-2020: en el marco del desarrollo integral para vivir bien”. http://www.planificacion.gob.bo/pdes/ 25/05/2016
4. Ver el primer texto de esta lista de referencia, p 109
5. Carlos Corz (2016) “García Linera dice que Bolivia ganó una década y perfila 20 años de extractivismo”. La Razón Digital. https://goo.gl/uYhl9U 18.08.2016
6. Murat Arsel, Barbara Hogenboomb y Lorenzo Pellegrini (2016): “The extractive imperative in Latin America”. En The Extractive Industries and Society. Volumen 3, Issue 4, Noviembre 2016, pp. 880–887
7. Henry Bernstein (2016) Dinámicas de clase y transformaciones agraria. Cambios agrarios y estudios del campesinado. La Paz: TIERRA.
Beatriz Muriel (2016) “¿Cómo está Bolivia en materia de productividad laboral?” https://goo.gl/ZfsUJu 7.03.2016