TIPNIS bajo asedio

Las presiones sobre el TIPNIS son abrumadoras, quizá hasta imparables. Los indígenas no exageran para nada al denunciar que están en peligro de extinción y etnocidio a nombre del desarrollo y progreso.

El Encuentro de Corregidores es una reunión de autoridades y representantes de comunidades indígenas para tratar asuntos de interés colectivo. Algunas de sus decisiones dejaron huellas profundas en la historia boliviana y en la vida de los propios pueblos indígenas. Este es el caso del XXX Encuentro de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de 2011 en el que los indígenas determinaron emprender la octava marcha indígena en defensa de este territorio, una caminata que duraría más de tres meses para recorrer 600 kilómetros. Estas marchas indígenas de larga duración desde la Amazonía hasta la ciudad de La Paz siguen siendo el principal instrumento de lucha política de los pueblos indígenas, una manifestación sacrificada, pacífica pero también efectiva en varios momentos para hacer valer sus derechos. Las últimas marchas y encuentros, empero, han sido sistemáticamente socavadas desde el gobierno nacional, utilizando toda la maquinaria estatal, cooptando a algunos y maltratando a los disidentes.  

“Yo dije voy a ir al Encuentro porque quiero saber qué va a suceder con el territorio, pero no pensé que estuviéramos divididos entre los que defendemos el territorio y los que apoyan la carretera”, razona con amargura una de las mujeres pidiendo anonimato para no sufrir represalias. Forma parte de un grupo de 44 viajeros que por tierra y río intenta llegar desde Trinidad al Centro de Gestión del TIPNIS. Su meta es asistir al XXXII Encuentro de Corregidores a realizarse entre 25 y 28 de agosto. Está enterada que el gobierno, junto a otro grupo de indígenas del TIPNIS, está impulsando un Encuentro paralelo en San Pablo, una comunidad indígena cercana al Centro de Gestión al que, con el pretexto de entregar una escuela, arribará el presidente Evo Morales para respaldar a sus partidarios.

Mapa 1. Características generales del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

La reciente historia de peleas internas e intervenciones que enfrentan los pobladores del TIPNIS tiene lugar desde el 2011. En diciembre de ese año una facción, el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), emprendió una “contramarcha” que pedía al gobierno la anulación de la Ley 180, conquistada pocos meses antes por la octava marcha indígena para evitar expresamente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón de este parque nacional y territorio indígena. El pedido del CONISUR, promovido abiertamente por campesinos cocaleros del Chapare, grupos de poder benianos y el propio gobierno, justificó la aprobación de la Ley 222 del 10 de febrero de 2012 para llevar adelante una supuesta consulta previa, libre e informada. Para sorpresa de pocos, la ley determinó que la consulta se realice comunidad por comunidad, es decir ‘puenteando’ y desconociendo a las organizaciones intermedias y matrices que reúnen a todos los corregidores y autoridades del TIPNIS. Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS en ese momento, simplemente fue desconocido como máxima autoridad y suplantado por Gumercindo Pradel, el cacique del CONISUR de la comunidad campesina Villa Bolivar, de quien se dice que arribó a la zona hace unos años desde Palos Blancos de La Pazⁱ. La consulta de 2012 desató conflictos y divisiones al interior de las comunidades y organizaciones indígenas, alentó la formación de autoridades indígenas paralelas, algunas comunidades fueron intervenidas y controladas desde el Estado y otras pasaron a la resistencia.

El factor “Polígono 7”

En 1965 se crea el Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS) sobre una superficie aproximada de 1.236.296 hectáreas y, al mismo tiempo, se prohíbe nuevos asentamientos y colonizaciones. Luego de la histórica primera marcha indígena de 1990 del Beni hasta La Paz, esa zona fue reconocida por decreto (D.S. 22610) en su doble condición: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entretanto y desde inicios de los años setenta, los asentamientos espontáneos de colonos penetraron y se expandieron en la parte sur de este territorio. Por esta razón, el mismo decreto de 1990 dispuso fijar una “línea roja” para evitar una mayor propagación de colonos hacia la parte central del TIPNIS. Para lograr el acuerdo de delimitación, el gobierno de entonces no tuvo más alternativa que legalizar la existencia de comunidades campesinas dentro del área protegida. La delimitación definitiva y en terreno concluyó recién en 2009, junto al proceso de saneamiento y titulación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS. Desde entonces, el área colonizada es mejor conocida como “Polígono 7” y abarca 123 mil hectáreas de tierras ocupadas por más de medio centenar de comunidades o sindicatos de cocaleros.

Mapa 2. Polígono 7 del TIPNIS (zona ampliada)

Según el último censo de población y vivienda de 2012, dentro del Polígono 7, además de 56 comunidades de campesinos cocaleros censadas, habría cinco comunidades indígenas que geográficamente quedaron enclaustradas con la demarcación de la “línea rojaⁱⁱ. Esta cifra varía apenas por una comunidad (Secejsama) con respecto a la lista de seis comunidades indígenas identificadas dentro de esta zona por el gobierno para la consulta de 2012. No obstante, en 2001 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) había identificado un número mucho mayor de asentamientos indígenas en la zona colonizada, hasta 16 comunidadesⁱⁱⁱ . Aunque se pueden poner en discusión otras consideraciones sobre cómo cuantificar asentamientos indígenas con alta movilidad espacial, lo cierto es que distintas fuentes y datos coinciden en indicar una tendencia que ya nadie puede negar: la paulatina pero irreversible desaparición, asimilación y expulsión de las comunidades indígenas de las zonas circundadas por campesinos colonos.

Para la consulta de 2012, el gobierno reconoció entre las comunidades indígenas a consultar dentro del Polígono 7 a Limo de Isiboro, Secejsama, Villa San Juan de Dios, San Juan de Isiboro y Mercedes de Lojojota; no para reivindicar a las minorías sino para sumar apoyos incondicionales de campesinos cocaleros que fungen como indígenas. Los tshimanes y yuracarés de estas comunidades fueron asimilados rápidamente por los colonos y sus territorios convertidos en parcelas individuales mediante el proceso de titulación de tierras. Así, sobre lo que solían ser comunidades indígenas, ahora se sobreponen y consolidan sindicatos agrarios de colonos: Puerto Patiño, Villa Bolivar, 10 de Agosto, Ismael Montes y Valle Alto, respectivamente. Las comunidades indígenas Fátima de Moleto, San José de Angostura, San Antonio de Moleto, San Benito, Sanandita y San Miguelito han sido reducidas y luego arrinconadas al otro lado de la “línea roja” por los sindicatos agrarios Moleto, Ichoa, Ismael Montes, Primavera, Puerto Liberación y Puerto Zudañez. La única comunidad indígena que todavía no sucumbe a esta desigual correlación de fuerzas es Santísima Trinidad.  

El CONISUR no dudó en expandir su control político al enlistar en sus filas a las comunidades que se encuentran fuera de la “línea roja”. Es más, esta organización dice representar además a comunidades que están mucho más alejadas del Polígono 7, algunas a más de 40 kilómetros de la línea divisoria. De esta manera, el CONISUR se atribuye la representación de 18 comunidades y virtualmente proyecta su control territorial y político sobre unas 40 mil hectáreas dentro de la TCO TIPNIS. Según los resultados finales de la consulta 2012, todas estas comunidades indígenas apoyaron el levantamiento de las medidas de protección sobre el TIPNIS y la construcción de la polémica carretera.

 Cuadro 1. Población del TIPNIS según ubicación geográfica

Fuente: Elaboración propia en base a los censos de población y vivienda 2001 y 2012 del INE.

La coexistencia entre indígenas y colonos es por demás complicada. El censo de 2001 registraba 741 pobladores en las comunidades indígenas ubicadas dentro de la zona colonizada. Por su lado, los campesinos cocaleros sumaban 7.578 personas. Una relación de 10 a 1. Pero el censo de 2012 mostró una realidad todavía más adversa para los indígenas. La población indígena en la zona se redujo a 385 personas mientras que los colonos alcanzaron 13.040 habitantes. Esto es una relación de 34 colonos por cada indígena. Para que esto ocurra, la economía de la hoja de coca juega un rol fundamental y desencadena no solo procesos de asimilación económica sino también social, política y cultural.

La tasa de crecimiento poblacional de los colonos alcanza al 5,7 por ciento. Es un ritmo de crecimiento demográfico extraordinario comparado con la media nacional (1,7 por ciento) y la media rural que no supera el 0,5 por ciento (periodo intercensal 2001-2012). Al igual que en otras comunidades que experimentan el boom de la coca de la región de Villa Tunari, los colonos del Polígono 7 están experimentando una expansión demográfica que no es posible comparar con otras regiones rurales. Pero esta expansión solo es viable cuando existen efectivas formas de acceso a nuevas tierras. Hasta ahora, la apropiación de tierras dirigida por sindicatos de colonos ha facilitado el asentamiento de nuevas comunidades dentro del Polígono 7 y si en el futuro los colonos siguen accediendo a tierras sin dificultades, las proyecciones demográficas indican que la población de campesinos cocaleros del Polígono 7 se duplicará en menos de 11 años.

La TCO intervenida

Si bien en el sur la hoja de coca atrae nuevos asentamientos, en el extenso territorio demarcado al norte como TCO o territorio indígena titulado, la situación es distinta. En el norte, muchas familias indígenas viven con un pie afuera, residiendo por temporadas en la ciudad de Trinidad, trabajando como mototaxistas o jornaleros informales. Por su lado, los corregidores y dirigentes están obligados a cumplir una parte de sus mandatos desde esa ciudad. Dentro del grupo de viajeros al Centro de Gestión para el Encuentro de Corregidores se encontraban varios líderes indígenas y cuando terminó la reunión, retornaron a su sede de Trinidad, para retomar sus gestiones de defensa del territorio. El hecho es que las crecientes presiones externas obligan a los indígenas a salir de su hábitat de forma temporal o definitiva.

La historia presenta al TIPNIS como el hogar de entre 4.000 a 5.000 indígenas moxeños, yuracarés y tshimanes. El territorio se dibuja sobre un extenso bosque amazónico de un millón de hectáreas demarcado principalmente por los ríos Isiboro y Sécure que nacen en las alturas de Los Andes, confluyen en uno solo para luego desembocar en el río Mamoré. El aislamiento que ha acompañado a los indígenas ha sido interrumpido por la llegada de intereses económicos, principalmente por el potencial agrícola descubierto por los colonos a lo largo del pie de monte que cruza este territorio. La vida de la población indígena gira en torno a tres principales ríos. Al norte, el río Sécure, que corre de oeste a este, es el hogar de una veintena de comunidades dispersas, conectadas entre sí solo por medio de las “carreteras” serpenteantes por donde navegan en pequeñas canoas. En el centro está el río Ichoa, en cuyos márgenes se asientan las comunidades indígenas más inaccesibles para los foráneos. El río Isiboro recorre dibujando el extremo sur, converge con los otros dos ríos y termina en el extremo noreste del TIPNIS. En esta zona de confluencias, también se concentran más de la mitad de las comunidades indígenas, incluyendo los centros poblados de mayor importancia como Gundonovia y San Pablo.  

Cuadro 2. Población del TIPNIS según grupos de comunidades

Fuente: Elaboración propia en base a los censos de población y vivienda 2001 y 2012 del INE.

El censo de 2001 había registrado 3.365 pobladores en este territorio. Esta cifra sumada a los 741 indígenas censados dentro del Polígono 7 totaliza 4.106 habitantes, un número bastante consistente con las estimaciones de los censos indígenas realizados en los años noventa como parte de los estudios pioneros sobre la situación de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia. Pero, el desmembramiento de una parte de su población y territorio (el Polígono 7), ha empeorado la situación de los que se quedaron dentro del TIPNIS. El censo de 2012 registró apenas 3.014 indígenas al interior de la TCO, habiéndose autoidentificado 180 de ellos como quechuas, por lo que esta cifra se recude a 2.834. Es sabido que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no pudo censar a las comunidades más alejadas, pero aun así se puede afirmar con confianza que la población indígena decrece, tanto en términos absolutos como relativos. Es un territorio muy poco poblado: 0,3 habitantes por km²; en contraste, la zona colonizada tiene alta densidad poblacional:13,4 habitantes por km².

Así como los indígenas del Polígono 7 están a merced del poder de los cocaleros, las comunidades que quedan adentro de la TCO son objeto de sistemáticas presiones gubernamentales. Desde el 2012 el gobierno intenta tomar control sobre Gundonovia, la puerta de entrada al TIPNIS y sobre los principales ríos que desde esta zona abren camino hasta las comunidades más alejadas. Los indígenas inicialmente se resistieron a la consulta de 2012 desde esta comunidad clave, pero al final fueron derrotados por el aparato estatal. Meses antes de la consulta, el gobierno intervino la zona regalando motores fuera de borda, ‘chatas’ o barcazas de carga, alimentos, juguetes para niños y material deportivo para jóvenes. Prometió la construcción de viviendas, aulas educativas, coliseo deportivo, dotación de ganado vacuno, apoyo y créditos para la producción y turismo.

Pero, dado que la resistencia organizada se mantuvo en pie, la brigada móvil encargada de la consulta en Gundonovia optó por contactar subrepticiamente a tan solo 14 comunarios afines al gobierno, quienes, según la propia versión oficial, luego fueron trasladados hasta Trinidad para un “conversatorio informativo”. Poco después, los brigadistas retornaron en dos avionetas a una estancia colindante a Gundonovia, llamada “El Triunfo”, donde instalaron la reunión de consulta con la presencia de los que retornaron de Trinidad y algunas personas más que lograron atraer con pequeñas prebendas. No puede existir un extravío mayor a esta seudo-consulta que se llevó a cabo fuera de la comunidad y sin la presencia de su Corregidor y la mayoría de los comunarios. El resultado reportado en el informe final de la consulta no podía ser más contundente: “En consenso, los comunarios y comunarias en este cabildo decidieron levantar la Ley 180 de intangibilidad”. Asimismo, “los comunarios y comunarias de Gundonovia están de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.

La intervención gubernamental se completa con la militarización del TIPNIS. El gobierno alega que la creación de puestos de control militar ha sido una de las “salvaguardas” exigidas por los indígenas en el proceso de la consulta para la protección de este territorio. La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, ratificada por ley en Bolivia, establece que “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado” (artículo 30.1). Haciendo caso omiso de estas previsiones legales, en momentos de conflictos políticos los militares instalaron puestos de control en distintas zonas dentro del TIPNIS. Por ejemplo, durante la consulta de 2012 los militares de la Armada Boliviana tomaron control de los ríos para exhibir su poder ante los indígenas y controlar el movimiento en canoas de todas las personas y posibles observadores independientes. Y durante el último Encuentro de Corregidores (agosto de 2017), los militares se acantonaron en Gundonovia para amedrentar e identificar a las personas que llegaron al Centro de Gestión y, por el contrario, prestar toda asistencia logística y facilidades para la realización del encuentro paralelo llevado a cabo en San Pablo.

Hacia el sur, pasando la “línea roja” hacia el Polígono 7, en la comunidad de Ichoa, el gobierno consolida el funcionamiento del “Regimiento Ecológico Escuela de Protección de Parques Nacionales Cacique Juan Maraza”. Aquí se recluta a jóvenes mojeño-trinitarios, chimanes y yuracarés para su formación militar.

Divide a los indígenas y reinarás

A estas alturas, toda la dirigencia indígena del TIPNIS ha quedado sometida al poder estatal de una u otra manera. Los líderes indígenas en resistencia –opositores en el leguaje del gobierno– no están en situación de aguantar los embates por mucho tiempo. La otra dirigencia –oficialistas o traidores según la otra facción– no tiene autonomía y es instrumental al interés de los grupos de poder que impulsan la construcción de la carretera. Ambas facciones se disputan la legitimidad de las resoluciones emanadas de los dos Encuentros paralelos de Corregidores.

El pasado 25 de agosto, cuando el precario camión de 20 años de antigüedad había acumulado más de 25 horas de viaje desde Trinidad con rumbo a Puerto Tarumá, una caravana de más de 30 camionetas y vagonetas sobrepasó a los indígenas que iban al Centro de Gestión. Su destino: San Pablo, al Encuentro paralelo que comenzaría al día siguiente con la entrega de aulas educativas a cargo de Evo Morales. El operativo oficialista se completó un día después con el arribo de helicópteros y avionetas directamente al lugar de concentración. Para ambos grupos, el viaje por tierra terminó en Puerto Tarumá y desde ahí completaron el tramo faltante por río, unos en canoas de los propios comunarios y los viajeros a San Pablo en barcazas dispuestas por la gobernación de Beni y la fuerza naval militar.

Fotografía 1. El presidente Evo Morales arriba a San Pablo

Sábado 26 de agosto de 2017 / Fotografía ABI.

A pesar de estas grandes diferencias materiales, más de 150 personas se reunieron en el Centro de Gestión echando mano a sus propios medios, muchos de ellos protagonistas de la marcha indígena contra la carretera de 2011. Fabián Gil, un joven de 27 años, dirigió el encuentro junto a Marqueza Teco, en su calidad de presidente de la Subcentral del TIPNIS, nombrado un mes antes, después que Domingo Nogales fuera declarado traidor por respaldar la Ley 969. El encuentro fue interrumpido el día domingo 27 de agosto con la presencia de una barcaza de carga que estaba obligada a pasar por el lugar para llegar a San Pablo. Era el segundo intento para sortear la vigilancia de los reunidos. En su impotencia, los indígenas tomaron sus canoas casi sin pensar y se lanzaron al río para cortar el paso. La carga estaba escoltada por soldados de la marina y el encuentro terminó en una gresca sin mayores consecuencias. Los indígenas se impusieron y la barcaza retornó por donde llegó. Al día siguiente, el gobernador de Beni, Alex Ferrier, aseveró en conferencia de prensa que los indígenas hundieron la barcaza de carga pero una filmación de Samy Schwartz se encargaría de desmentirlo públicamente. La ‘chata’ llevaba varios quintales de víveres, azúcar, arroz, manteca, combustible y ropa para niños, adultos, mujeres. En esta ocasión, la prebenda no pudo ser repartida entre los asistentes al Encuentro paralelo de San Pablo.

Como era de esperar, el Encuentro de San Pablo respaldó firmemente la abrogación de la Ley 180 y la vigencia de la Ley 969 que permite la construcción de la carretera, pero las resoluciones no salieron a la luz pública. Domingo Nogales declaró a la prensa que adoptaron cuatro votos resolutivos y de éstos destacó como central el pedido a la Dirección de Migraciones para el control estricto de personas ajenas al TIPNIS “como ser gringos, activistas y ONG”. También aclaró que además del control estatal ellos eran las únicas autoridades para dar avales a las personas que quisieran visitar el TIPNIS. También resolvieron otorgar a los dirigentes rebeldes un plazo máximo de 48 horas para desalojar la sede indígena situada en Trinidad.

Por su lado, los indígenas en resistencia del Centro de Gestión, firmaron varios votos resolutivos, casi todos de rechazo a las agresiones del gobierno y a la construcción de la carretera. También desconocieron a la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) encabezada por Pedro Vare y su directorio. Ratificaron a Fabián Gil Rocha y Marqueza Teco Moyoviri como las únicas autoridades legítimas del TIPNIS. Se dirigieron a los organismos internaciones de derechos humanos –quizá inútilmente– para que realicen una auditoría internacional a la supuesta consulta de 2012. Aunque estas y otras resoluciones todavía expresan cierta firmeza y llaman a la unidad de los indígenas, la cruda realidad que viven quedó inscrita en el segundo punto de su resolución 001/2017: “Denunciamos a los organismos internacionales que las naciones y pueblos indígenas del TIPNIS estamos en serio riesgo de extinción, biocidio y etnocidio con la Ley Nº 969 de 13 de agosto de 2017 que promulgó el Presidente de Evo Morales Ayma”.

Las presiones sobre el TIPNIS son abrumadoras. Los indígenas no exageran para nada al denunciar que están en peligro de exterminio. Los impactos socioambientales de la construcción de la carretera recién están por llegar pero una parte de ellos ya han sido derrotados y piden una mano para levantarse. El gobierno dice que este asunto no concierne a todos los bolivianos. Y al parecer, la pasividad de muchos parece darle la razón.

Descargar PDF 828 KB

* El autor es Director de la Fundación TIERRA. Agradezco las contribuciones del equipo multidisciplinario de la Fundación TIERRA, particularmente a Rubén Martinez, Wilfredo Plata y Simar Muiba, quienes acompañaron y documentaron cuidadosamente el viaje de líderes y dirigentes indígenas desde Trinidad hasta el Centro de Gestión del TIPNIS entre los días 24 y 28 de agosto de 2017. Un reconocimiento especial a Efraín Tinta por el apoyo en el análisis del sistema de información geográfica (GIS) del TIPNIS.

i   Fobomade (2012): “Acerca de cómo la consulta indígena se convirtió en consulta cocalera en el TIPNIS”.

ii  Limo del Isiboro, Mercedes de Lojojota, San Juan del Isiboro, Villa San Juan de Dios, Santísima Trinidad.

iii SERNAP (2002): “Plan de Manejo del Territorio Indígena–Parque Nacional Isiboro Sécure”.