En el último año se ha podido observar un recrudecimiento de conflictos por avasallamientos de propiedades agrarias, particularmente en Santa Cruz. En 2021, solamente el Tribunal Agroambiental recibió 42 denuncias de despojos de tierra en este departamento. Los casos que más atención mediática han recibido son:
El Predio El Encanto, de 4.500 hectáreas, ubicado en la provincia Guarayos, donde el 12 de septiembre de 2021, cerca de un centenar de policías que tenían la misión de desalojar a los avasalladores, fueron emboscados por un grupo armado, con un saldo de tres uniformados heridos de bala.
El núcleo 53 de la comunidad El Carmen en Brecha Casarabe, municipio de San Julián, donde el 18 de septiembre, el propietario de un predio ocupado y la gente que lo acompañaba, fueron atacados por personas que habían tomado la propiedad, armadas con machetes y armas de fuego. Varias viviendas fueron quemadas y el propietario resultó herido y trasladado a un hospital cercano.
Las Londras, predios de alrededor de 16 mil hectáreas ubicadas en el municipio de El Puente, donde el 28 de octubre del año pasado, un grupo de personas, incluyendo periodistas, fue emboscado y secuestrado por un grupo de avasalladores encapuchados y armados con armas de fuego.
Los predios de La Estrella, incautados hace más de 10 años al empresario Jacob Ostreicher, ubicados en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde en marzo de 2022, un grupo de comunarios se enfrentó con los avasalladores, dejando como saldo un joven de 22 años fallecido por herida de bala.
Y recientemente, 8.500 hectáreas ubicadas en la subcentral Pailitas, en el municipio de El Puente, al lado de Las Londras, fueron tomadas el 23 de julio de 2022 por un grupo de avasalladores secuestrando personas, robando maquinaria y quemando viviendas. Los integrantes de la subcentral intentaron recuperar sus tierras y en el enfrentamiento una persona resultó herida. La policía fue ahuyentada cuando intentaba un desalojo. Es más, los avasalladores dieron una conferencia de prensa y amenazaron a fiscales, policías y jueces.
Todos estos casos tienen una serie de elementos en común que vale la pena destacar.
Se trata de propiedades ubicadas en la zona de expansión de la frontera agrícola cruceña, caracterizada por el predominio del agronegocio exportador de oleaginosas y cereales, por lo que la tierra tiene un alto valor de mercado.
Los grupos de avasalladores pertenecen en general a organizaciones campesinas o de interculturales de municipios vecinos, afiliadas a las matrices correspondientes y, por lo tanto, articuladas políticamente al partido de gobierno.
En su mayoría, las tierras tomadas no tenían claramente establecido el derecho propietario, como es el caso de La Estrella, en que las tierras incautadas a Ostreicher estaban bajo control de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados - DIRCABI, que a su vez, había dado permiso de cultivo a los antiguos trabajadores de la propiedad, o el caso de Las Londras, que se hallaba en proceso de saneamiento y se preveía que se iba a declarar como tierra fiscal debido a que se encuentra dentro de una reserva forestal. Esto supone que los avasalladores habían accedido a información privilegiada del Estado y que existe cierto nivel de complicidad con distintas instancias estatales. Por lo difundido en los medios, la DIRCABI y el INRA departamental en estos casos puntuales.
Los intentos de las fuerzas del orden para restablecer la calma y aplicar justicia a los culpables en general han llegado tarde, y los resultados han sido escasos. Algunos dirigentes arrestados y luego liberados por la justicia. Es más, en varios casos, la policía se ha visto superada por los avasalladores.
Un punto importante para comprender las razones detrás de estas tomas de tierras, no solamente en la provincia Guarayos, sino también en la Chiquitanía, en el Chaco y en otras regionales del país, es la manera en que la distribución de tierras fiscales se ha estado dando. En los últimos años, el gobierno nacional ha otorgado autorizaciones de asentamiento a alrededor de 1400 comunidades campesinas e interculturales, sin respetar los preceptos normativos que establecen que la distribución de tierras debe priorizar a la población campesina e indígena del lugar que no tenga tierras o no tenga tierras suficientes, para luego recién considerar a pobladores de otros lugares. En contra de lo establecido en las leyes, las tierras fiscales disponibles en Santa Cruz y en todo el país han sido otorgadas privilegiando intereses y prebendas políticas, y al hacerlo así, se ha generado una demanda artificial de tierras bajo la cual las organizaciones afines al gobierno pretenden aprovechar que la distribución de tierras las privilegia, para hacerse con más tierras, fomentando con ello el tráfico ilegal.
Esta situación ha degenerado a tal extremo que, según informaba el INRA a inicios de 2022, la demanda de las organizaciones interculturales y campesinas por tierras fiscales asciende a más de nueve millones de hectáreas, mientras que dicha institución sólo registra la existencia de un millón y medio de hectáreas disponibles para su distribución. Si adicionalmente se considera que estas tierras se encuentran alejadas de los caminos, no cuentan con servicios básicos, no tienen potencial agrícola a largo plazo y requieren elevada inversión, no sorprende que algunos grupos estén optando de manera más frecuente, por avasallar tierras en zonas que presentan mejores condiciones de aprovechamiento.
Sin embargo, este elemento no es suficiente para explicar plenamente las características de los avasallamientos en el oriente. Otro aspecto que es fundamental entender es que es evidente que estos grupos, de alguna manera, se sienten seguros de que el brazo de la ley no les llegará. Se sienten protegidos, inmunes a la aplicación de la justicia. Posiblemente la razón para ello es que las organizaciones campesinas y de interculturales son parte del gobierno. El peso de estas organizaciones dentro el Estado es muy grande. Varias autoridades gubernamentales de distintas instancias relevantes para sus intereses han sido avaladas y elegidas por ellas. Estas organizaciones en muchos casos definen el rumbo de las políticas agrarias a nivel nacional y local y consideran que el Estado les pertenece. En los últimos años, esta situación ha degenerado en impunidad ante la ley, tal y como se devela en los casos descritos, en los que la aplicación de la justicia es laxa, lenta y poco efectiva.
Sin embargo, esta alianza, esta pertenencia profunda con el gobierno no implica una total subordinación. A diferencia de la anterior gestión del actual partido de gobierno, las organizaciones sociales son leales a los lineamientos gubernamentales en tanto no vean afectados sus intereses corporativos. Cuando el accionar estatal pretende imponer su posición por encima de las demandas, necesidades o posiciones de las organizaciones interculturales o campesinas, éstas se defienden y en general, los casos mencionados demuestran que acaban imponiéndose.
El actual gobierno ha llegado el poder gracias al establecimiento de alianzas con una diversidad de organizaciones populares como los transportistas, los gremiales, los comerciantes, los cooperativistas mineros, pero, al igual que con campesinos e interculturales, este pacto no es gratuito. Se mantiene en tanto el gobierno no comprometa sus demandas y sus intereses. El país ha sido testigo cómo en determinados casos, el gobierno ha tenido que retroceder en sus pretensiones de aplicar determinadas políticas, porque la presión de las organizaciones, aliadas del partido de gobierno, se movilizaron en contra de las mismas. Los casos de la obligatoriedad del carnet de vacunación contra el COVD19 y la propuesta de ley contra las ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo son un claro ejemplo de esta situación. Así, a pesar de lo que normalmente se cree, el Estado es “cautivo” de las organizaciones sociales que forman parte del gobierno.
En este escenario, la reforma agraria, entendida como proceso destinado a fomentar una estructura más equitativa de la propiedad de la tierra, está fallando porque una herramienta fundamental de la misma está siendo mal aplicada. Al politizarse el proceso de distribución de tierras en el país se ha contaminado, se ha distorsionado la noción misma de reforma agraria. La creciente aparición de conflictos por avasallamientos de tierras, cada vez más violentos y cada vez más ilegales es una consecuencia de la destructiva relación del gobierno con las organizaciones sociales. Si el Estado no logra en el corto plazo hacer respetar la ley, proteger derechos propietarios reconocidos y enderezar la distribución de tierras, es de esperarse que la tendencia al agravamiento de los conflictos por la tierra se mantenga.
* Juan Pablo Chumacero es Director Ejecutivo de la Fundación TIERRA