Agrónomos y veterinarios sin fronteras (AVSF) acaba de publicar dos libros reveladores. Uno es “Compras Públicas, ¿Una oportunidad para los pequeños productores” y el otro “Las Empresas Públicas de Alimento, avances, retrocesos y desafíos”. Son dos trabajos independientes pero complementarios y conviene leerlos juntos.
El primer libro –cuyos editores son Julio Prudencio y Bishelly Elías- analiza por qué las compras públicas de alimentos en Bolivia, especialmente las compras municipales para el Desayuno Escolar –iniciado hace dos décadas con la Participación Popular- no estimulan la producción agrícola familiar campesina. En los diversos estudios que conforman los capítulos del libro se concluye que las compras públicas de alimentos no benefician a los agricultores familiares campesinos o sus organizaciones de productores (Organizaciones Económicas Campesinas)- porque la mayoría de los alimentos para el Desayuno Escolar son adquiridos de empresas especialmente constituidas para el efecto -con algunas capacidades oligopólicas-, que a su vez se aprovisionan preferentemente de alimentos procesados por la agroindustria y los colocan en los municipios: leches y derivados mayormente de la Planta Industrializadora de Leche (PIL), y panes y galletas de otras empresas.
En la introducción Julio Prudencio destaca que “…el año 2011, la principal compra estatal de alimentos fue realizada por el Desayuno Escolar en una proporción del 60 % a las grandes empresas privadas y solo el 30 % a microempresas unipersonales y asociaciones de productores organizados. En las ciudades capitales se amplía esta diferencia y las grandes empresas cubren el 80 % del desayuno escolar, mientras que los pequeños productores apenas el saldo”. Prudencio señala también que la economía familiar campesina (individual u organizada) no está logrando vender sus productos alimenticios a los municipios por un lado porque los campesinos no aseguran la calidad y cantidad de alimentos demandados ni las condiciones sanitarias de procesamiento requeridas por los municipios, pero principalmente porque estos gobiernos locales ponen trabas burocráticas y obstáculos que las pequeñas empresas campesinas no pueden soportar.
Destaca además que “…los municipios no tienen programas de fomento a la producción de alimentos locales”.
Por su parte, Geovana Mercado citando a la FAM y al CIOEC destaca que: “los pequeños productores solo acceden al 14 % del mercado del Desayuno Escolar, mientras el 86 % está cubierto por grandes y medianas empresas”.Dice quemuchos pequeños productores tuvieron experiencias funestas vendiéndole al Estado y por eso retornaron al mercado informal. “…aún en este gobierno progresista, para acceder a las preferencias en las compras del Estado, el pequeño productor se ve obligado a enfrentarse a un sinnúmero de trámites y procedimientos, además de la tardanza en los pagos que realizan los municipios a los productores, lo que acaba asfixiándolos”.
En el capítulo escrito por Bishelly Elías y otros resalta que los principales proveedores del Desayuno Escolar son dos: las empresas que representan el 45 % de los contratos y el 73 % del monto, luego están las empresas unipersonales que representan el 50 % de los contratos aunque solamente el 23 % del presupuesto ejecutado. Por su parte las asociaciones de productores –campesinos organizados- representan únicamente el 3 % de los contratos y el 1.72 % del valor. Las OECA –actores principales del desarrollo económico local- alcanzan apenas una pequeña participación en la alimentación escolar y no han logrado traspasar la barrera en el acceso al Desayuno Escolar. A pesar de que existen normativas específicas que privilegian a las pequeñas organizaciones campesinas para proveer el desayuno escolar, los municipios prefieren comprar los alimentos de otros proveedores.
Además, en el mismo texto, según Javier Thellaeche y otros, los aspectos que desfavorecen la mayor participación de los pequeños productores campesinos en la provisión del Desayuno Escolar son cuatro: la periodicidad del desayuno, los requisitos de certificaciones y personería, el mal funcionamiento de los pagos a plazo, y el poco poder de negociación de las organizaciones campesinas. Esto hace que otras empresas ya constituidas y con mayor capacidad administrativa desplacen a los campesinos.
Los diversos estudios de este primer libro de AVSF coinciden en señalar que las compras públicas de alimentos no estimulan la agricultura familiar campesina. Las millonarias compras de alimentos realizadas por los Municipios para el Desayuno Escolar, de instituciones como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para los soldados y guardias, los Ministerios, Empresas Públicas y otras reparticiones estatales para los refrigerios de decenas de miles de empleados públicos en todo el país provienen de una decena de empresas procesadoras de alimentos de origen agroindustrial canalizadas a través de centenares de pequeñas empresas unipersonales urbanas. A pesar de que existen diversas normas que promueven y privilegian la compra de alimentos de origen familiar campesino, esas disposiciones no son cumplidas por los compradores estatales que alegan que los productos ofertados por los campesinos no alcanzan los estándares de cantidad, calidad, estabilidad y sanidad exigidos por los órganos públicos que compran y dispensan alimentos.
Este primer libro que reseñamos, también cuenta con un análisis de la situación de las compras estatales de alimentos en Ecuador y Perú, con análisis parecidos en relación a la participación absolutamente marginal de los pequeños productores de origen campesino. Eso sí, en los dos países andinos, las compras estatales de alimentos son mucho mayores que en Bolivia.
El segundo libro – editado por Andrea Baudoin y Jorge Albarracín- , luego de hacer un análisis sobre el papel del Estado en el mercado, se concentra en el estudio del desempeño de tres empresas agroalimentarias. EMAPA para los casos de trigo y arroz en Santa Cruz, la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA) en la Amazonía y LACTEOSBOL en Achacachi. Una de las conclusiones más llamativas en el estudio de EMAPA es que esta empresa estatal –que nació con el objetivo de apoyar al pequeño y mediano productor- sigue fomentando el avance de la agricultura extensiva y depredadora del bosque, en lugar de fomentar sistemas intensivos y obtener productos con mayor calidad y cantidad. No se consigue mejorar los niveles de producción de los pequeños y medianos productores y se mantiene el liderazgo de los productores empresariales tradicionales. Al subsidiar los precios al consumidor, en lugar de alentar al productor con incentivos económicos para producir más y mejor, esta empresa está dando mayor atención al consumidor que al productor. A cinco años de su creación, EMAPA todavía no consigue alcanzar sus objetivos de regular el mercado y los precios de los productos básicos de la canasta familiar; y lo que es peor aún, los resultados financieros de la empresa son negativo, es decir, tiene pérdidas.
El estudio de la empresa estatal de la almendra es más alentador y destaca que: “…la intervención de EBA en el norte amazónico ha traído beneficios y ha tenido efectos positivos, aunque existen algunas contradicciones. Lo más destacable es que si bien por un lado la intervención de EBA ha provocado un importante aumento en el precio pagado al recolector de castaña, se mantiene intacto el sistema del habilito, que es una forma de sometimiento laboral de corte feudal”.
Finalmente, el estudio sobre la empresa estatal de lácteos en el altiplano paceño, concluye que LACTEOSBOL ha ingresado en comunidades alejadas donde las empresas privadas no trabajan y –indirectamente- ha propiciado el incremento del precio de la leche pagado al productor que se refleja en el aumento de los ingresos de las familias entre un 16 % y 19 %, aunque todavía resta mucho por hacer, especialmente el apoyo a la producción en términos de asistencia técnica para que los productores aumenten su productividad y se inserten mejor en los mercados.
Contrariamente al objeto de la creación de estas tres empresas, que es “incentivar la producción nacional con valor agregado y contribuir a la estabilización del mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de la producción del agricultor, generando mayores fuentes de empleo, en procura de soberanía productiva”, en los hechos, las empresas públicas agropecuarias –especialmente EMAPA- han estado jugando más bien un rol regulador y de control de precios para frenar la inflación monetaria en los precios de los alimentos, perjudicando así a los productores, especialmente a los pequeños agricultores.
Pareciera que el trabajo de estas empresas públicas provoca efectos contraproducentes, por un lado estabilizan los precios de algunos alimentos lo cual beneficia al consumidor especialmente urbano, pero por otro perjudica al productor, especialmente al pequeño agricultor familiar. Queda entonces claro que -en estas condiciones- no es negocio, no es rentable ser pequeño productor de alimentos. Por eso es que desde hace varias décadas (DS 21060 de 1985 hasta el presente) el mantenimiento de esta política macroeconómica antiinflacionaria y de libre importación de alimentos estaría desalentando a los pequeños productores y tendría como resultado una lenta pero sostenida disminución del aporte de la agricultura familiar al PIB agropecuario.
* Investigador de TIERRA. Economista agrícola de la Universidad Católica Boliviana. Especialista en Desarrollo Rural en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), Universidad de Londres. Fue Ministro de Estado en 1984 y Diputado Nacional (1989-1997). Fundó y dirigió Fundación TIERRA (1991-2008).