La primera reunión nacional agropecuaria que organiza el gobierno para febrero se vislumbra como un espacio en el que se discutirán planteamientos que favorecen al sector agroindustrial, pero, según el autor, pueden ser considerados como regresiones sociales. La revisión de la frecuencia de verificación de la FES, de la norma constitucional que fija cinco mil hectáreas como superficie máxima de posesión de tierras y la eliminación del concepto de inembargabilidad de la pequeña propiedad, son ejemplos de esta tendencia.
A la cabeza del Ministerio de la Presidencia, se ha previsto realizar la primera cumbre agropecuaria denominada "Sembrando Bolivia". Según refiere la convocatoria el evento tiene como objetivos: lograr metas a corto, mediano y largo plazo para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, construir las condiciones adecuadas para la diversificación productiva, planificar la apertura de mercados, programar la inversión pública y mejorar la productividad". La participación equitativa de los sectores productivos es un aspecto fundamental si se quiere que los resultados sean beneficiosos para todos, por lo que se presume que al evento asistirán con la misma representación los pequeños, medianos y grandes, y lo menos que podemos esperar es que la participación sea plural, igualitaria e incluyente.
Sin embargo, un indicio del desigual peso que tendrá la participación sectorial puede hallarse en la misma convocatoria que, si bien no es la final, ya establece el cupo de asistentes. El Pacto de Unidad que aglutina a las organizaciones sociales más representativas del país (CSUTCB, Confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa, CONAMAQ, CIDOB, Interculturales) podrá acreditar únicamente a 25 representantes. De la misma forma, los productores medianos conseguirán confirmar 25 representantes. En cambio, los empresarios agroindustriales y ganaderos tendrán la dispensa de acreditar 50 representantes. No queda claro cuál es el criterio para establecer los cupos; no obstante, deberíamos presumir que es el volumen productivo que el Estado le asigna a cada sector. De ser así llama la atención que los campesinos (CSUTCB) sean tan poco valorados pues, como parte del Pacto de Unidad, únicamente podrán acreditar 5 representantes, el mismo tratamiento tendrán las demás organizaciones sociales.
Sobre el contenido de la cumbre, los eventos preparatorios denominados pre-cumbres ya han marcado las líneas de trabajo. Un aspecto que se debatirá es la tan ansiada seguridad jurídica reclamada por los productores agroinsdustriales que durante años han rechazado el saneamiento. Ellos piden rediscutir los parámetros legales de la Función Económica Social (FES) que debe cumplir la propiedad agraria mediana y empresarial. Según establece la norma actual (CPE de 2009 y Ley de la "Reconducción comunitaria de la reforma agraria" de 2006), la FES implica que el productor que se beneficia de la tierra debe cuidar que su uso y explotación se dé con respeto al medio ambiente, que no vulnere los derechos colectivos, que contribuya al incremento y redistribución del ingreso económico y a la equidad social. El control del cumplimiento de estas múltiples dimensiones corresponde al Estado quien tiene la potestad de hacerlo en periodos no menores a los dos años. El planteamiento del sector agroindustrial es que ese mandato constitucional promueve inseguridad jurídica y limita ostensiblemente su acceso al crédito de la banca privada. Entonces, proponen modificar la norma para que la revisión del uso racional de la tierra sea flexibilizada. Para apuntalar el ajuste normativo, el sector agroindustrial también demanda los siguientes puntos: que los desmontes y quemas ilegales no sean castigados con la reversión sino con multas; que el uso de transgénicos ya autorizado para la soya, se amplíe a la producción de algodón, maíz, y caña; y que se revise las protecciones legales que resguardan la reserva forestal de Guarayos.
La discusión de la FES no es el único punto, también se propone discutir la aplicación del apartado constitucional que limita la extensión de la propiedad agraria a 5000 hectáreas como máximo. Recordemos que este artículo es el único, en toda la historia de Bolivia, que fue aprobado por el pueblo boliviano y con un porcentaje mayor al de la propia Constitución Política del Estado el año 2009, su objetivo es prohibir el acaparamiento de la tierra en pocas manos. Quizá el decir que se modificará la Constitución para anular este precepto sea exagerado, pero no deberíamos extrañarnos si, producto del debate, se pactan –cuando menos- políticas que acaben flexibilizando aún más la ley suprema.
Pero las demandas del sector agroindustrial no terminan ahí. También proponen eliminar el concepto de inembargabilidad de la pequeña propiedad, declarar la incompatibilidad de la ley laboral con la actividad agropecuaria, endurecer la ley de avasallamientos, flexibilizar las restricciones para el acceso a áreas aptas para ganadería, librar las exportaciones que significa fomento a las exportaciones por parte del gobierno, legalizar por 5 años la importación de semillas transgénicas para el cultivo de soya, maíz, algodón y caña. Las demandas buscan trastocar conquistas sociales logradas al amparo de este mismo gobierno y no tiene términos menores.
Juntamente con la proclamada ampliación de la frontera agrícola a diez millones de hectáreas en los próximos diez años, es poco probable que en la cumbre estos temas sean excluidos, lo más seguro es que se discutan y, ante la perplejidad de la sociedad, tengan un final satisfactorio para el sector agroindustrial.
Nadie puede negar que el aporte del sector productivo a la economía nacional sea importante. Pero sería tramposo iniciar un debate tan trascendente que en realidad busca reformas que pueden considerarse regresiones sociales, sin antes explicar al pueblo boliviano, sin prejuicios y de forma transparente, cuál será la verdadera contribución social y de distribución de riqueza de estos cambios. De otro modo, la tan mentada cumbre agropecuaria no será el espacio plural y legitimo para el potenciamiento y articulación del sector productivo y corre el riesgo convertirse en el escenario para negociar privilegios económicos.
* Investigador jurídico de TIERRA