La papa y la soya son figuras que pueden simbolizar el curso que parece haber tomado la economía agrícola boliviana. Del cultivo de innumerables variedades de papas nativas junto a otros productos alimenticios que ocupaban mano de obra campesina y constituían la base de la seguridad y soberanía alimentarias, se ha transitado a la producción de soya y otros cultivos industriales, monocultivos altamente mecanizados, cuya exportación genera divisas para el país y ha fortalecido al empresariado agrario.
El tránsito que los símbolos de la papa y la soya ejemplifican es el de la Bolivia predominantemente rural, conformada fundamentalmente por pequeños campesinos indígenas dedicados a las labores del agro, a la mayoritariamente urbana, con migrantes campesinos insertos en el gigantesco mundo de la economía informal y el campo, a excepción de los enclaves agroindustriales, debilitado demográficamente y económicamente estancado.
Es conocido que paralelamente a la declinación de la producción campesina de altiplano y valles, la agroindustria del Oriente crecía de manera sostenida, de modo que actualmente la superficie agrícola de esa región representa 73% de las 3.5 millones de hectáreas1 de tierras cultivadas existentes en el país, y la soya, caña de azúcar, algodón, girasol y otros cultivos industriales constituyen 81% de la producción nacional2; esto deja a las regiones abastecedoras del mercado interno con tierras de cultivo y una producción cada vez más pequeñas.
Más de un tercio (37%) de la superficie agrícola del país se dedica a la producción de soya para la exportación, mientras que la de la papa se ha reducido entre 1981 y 2012 de 177.165 a 164.161 hectáreas3. El desincentivo a la producción de la papa resulta dramático para un país que es centro de origen de numerosísimas variedades nativas cultivadas y silvestres de este tubérculo4, lo que si no se revierte puede significar una pérdida de diversidad genética, de valores alimenticios y una pérdida cultural de grandes dimensiones.
Por otra parte, los pequeños productores agrícolas, como es el caso de los cañeros de comunidades y zonas altas de Tarija, han tenido que afrontar pérdidas significativas. Según sus representantes, en 2014 la caña de más de 400 productores chicos no pudo ser cosechada debido a las condiciones climáticas, mal estado de los caminos vecinales, falta de transporte, falta de maquinaria para la cosecha y de capacidad de molienda del ingenio de Industrias Agrícolas Bermejo (IABSA)5.
La difícil situación en que se encuentra la producción alimentaria del país por la preeminencia de los cultivos de exportación, ya señalada, y la deficitaria producción de algunos alimentos básicos, como el trigo, la papa y otros, se complica por la competencia del contrabando, el cambio en los patrones alimentarios y el aumento del consumo de alimentos procesados, aún en las zonas más pobres, lo que ha ocasionado que en los últimos años se haya incrementado la importación de alimentos, pasando de 227 a 723 millones de dólares entre 2005 y 20146. La importación de alimentos incluye también a la papa, en 2014 se internaron 31.251 toneladas del tubérculo, 38% más que en 20137.
En ese contexto, uno de los temas que resulta preocupante es la determinación gubernamental de ampliar la frontera agrícola en diez millones de hectáreas, para lo cual se tendrá que habilitar un millón de hectáreas al año8. Esta expansión orientada a aumentar la extensión de los cultivos de exportación, se encuentra respaldada por la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques que establece un régimen excepcional para los desmontes no autorizados, y se realizará en tierras de vocación productiva distinta, fundamentalmente forestal, lo que implicará la pérdida de bosques, biodiversidad y fuentes de agua.
La deforestación es desde hace ya varios años un problema para el país; las cifras muestran que como resultado de los desmontes para la expansión de las áreas agropecuarias y de la tala indiscriminada, cada año se pierden alrededor de 270.000 hectáreas de bosque9. En la década 2000 – 2010 se perdieron 1.820.000 hectáreas, la mayor parte de éstas (76%) en el departamento de Santa Cruz10, que es donde la expansión de la agricultura industrial sobre el bosque tendrá lugar.
Es necesario considerar, además, que el crecimiento de los monocultivos de exportación implica la utilización de una gran cantidad de agroquímicos, como los herbicidas para la soya11 que, de acuerdo a expertos, ocasionan daños a los suelos, a las fuentes de agua y a la salud humana.
Otro de los temas preocupantes es la introducción de transgénicos en el agro. En 1998 se inició la internación de soya transgénica y en 2005 se aprobó su producción y comercialización, como resultado de ello actualmente los cultivos de este producto son transgénicos. El avance de organismos genéticamente modificados ha continuado pese a encontrarse expresamente prohibidos por la CPE que, en el artículo 255 establece: ” Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente” y la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, que en su artículo 7 dispone “el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro”.
Así, cultivos como el algodón y el maíz, se estarían modificando; en el municipio de Pailón, en Santa Cruz, el total de las muestras de algodón resultaron transgénicas y en el Chaco cruceño, chuquisaqueño y tarijeño, cuatro de 187 muestras de maíz eran transgénicas12. En el caso de la papa, pese a ser nativa y presentar una serie de ventajas sobre otras variedades, y aunque la oposición de organizaciones campesinas y entidades académicas logró frenar la introducción de transgénicos solicitados por la Fundación PROINPA y la Universidad de Leeds en el año 200013, no es descartable que hayan sido internados ilegalmente.
Por todo ello, la formulación de nuevas políticas agrarias orientadas al fomento de la producción alimentaria campesina e industrial, con responsabilidad social y ambiental, es una prioridad nacional. Puesto que el abastecimiento del mercado interno de alimentos sigue descansando sobre los pequeños productores campesinos del altiplano y los valles, es fundamental resolver los principales problemas que los han debilitado y atender sus necesidades: riego –al depender del régimen de lluvias, entre julio y noviembre la producción es muy escasa–14, acceso al mercado, establecimiento de precios justos y protección de la producción frente al contrabando, preservación de la integridad genética de los cultivos, reducción del uso de agroquímicos y conservación de la diversidad de ecosistemas, a fin de sostener la seguridad y soberanía alimentarias.
La Cumbre Agropecuaria realizada en abril pasado en Santa Cruz era el espacio adecuado para la definición de lineamientos de estas nuevas políticas. Al anunciar la realización de la Cumbre, el Presidente Morales planteó que el sector debe constituirse en un pilar de la economía nacional, conjuntamente el minero, el energético y el hidrocarburífero, “el gran deseo es que el tema agropecuario pueda generar divisas como el sector hidrocarburífero”, señaló.
Un examen de las conclusiones de la Cumbre15 permite identificar el rumbo que adoptarán esas políticas. Se acordó la ampliación de la frontera agrícola, sin mayor debate –pese a que previamente el Pacto de Unidad demandó el establecimiento inmediato de normas para que los grandes y medianos empresarios restituyan bosques para la protección del suelo y las fuentes de agua16–; se resolvió ampliar la verificación de la función económica social de dos a cinco años, lo que fue objeto de discusión entre los sectores empresariales y sociales –el Pacto de Unidad había planteado que en el corto plazo se distribuyan y redistribuyan las tierras que no cumplan la FES a comunidades campesinas indígenas originarias17–; se debatió el uso de transgénicos en soya, maíz y algodón sin llegar a resultados y postergando una decisión al respecto –de igual manera, el Pacto de Unidad había expresado su rechazo a la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas y exigido la formulación de una ley antitransgénicos18–; se recomendó dar prioridad nacional al desarrollo de la hidrovía Paraguay - Paraná a través de inversión pública y privada y realizar estudios a diseño final de la hidrovía Ichilo - Mamoré - Madera. Este conjunto de acuerdos principales indica que la orientación de las políticas del agro seguirá, sin cambios sustanciales, el curso que actualmente tiene y que los temas que para el sector agroindustrial eran prioritarios19 llegaron a buen puerto.
Desde el punto de vista de los pequeños campesinos faltaron políticas de apoyo a ese sector, el representante de Chuquisaca señaló: “No lo escuché al Presidente decir aquí hay políticas de Estado y esto es el presupuesto para el tema agropecuario; nosotros los pequeños productores producimos media hectárea, entonces aquí hay una diferencia tremenda con los grandes productores, por lo tanto, el productor no se anima a sembrar si no se garantiza el mercado”20.
En esta situación, es necesario analizar si los conflictos que se producen en el agro están vinculados con las problemáticas centrales que lo aquejan. Una revisión de los casos de conflicto ocurridos en el trimestre muestra que –como se puede apreciar en la sección Doce datos de este boletín– en casi todos los casos se orientaron a la demanda de solución de problemas o de mejoras específicas para cada sector productivo (ganaderos, vitivinicultores, productores de quinua y arroz) a través de la intervención estatal.
Es evidente que los grandes temas no movilizaron a la población y sus principales organizaciones. La ampliación de la frontera agrícola no generó ninguna protesta de los actores que son o podrían ser directamente perjudicados ni tampoco de las organizaciones sociales, este peculiar silencio podría deberse a la existencia de un acuerdo generalizado con la medida, ya sea por falta de información sobre sus consecuencias o por asumir que es preferible sacrificar tierras forestales en función de la obtención de divisas y desarrollo, pero también puede deberse a la ausencia de interés por cuestiones que se cree no representan una amenaza directa e inmediata. Sin embargo llama la atención que los pueblos indígenas de tierras bajas, que serían los más afectados por la medida, se hayan mantenido en silencio. Además de las propuestas hechas a la Cumbre por el Pacto de Unidad, antes señaladas, se expresaron posiciones divergentes desde otros ámbitos: la Fundación Tierra dio a conocer a fines de 2014 los resultados de un estudio que identifica como beneficiarias de la ampliación de la frontera agrícola a cinco empresas que controlan 90% del acopio y la exportación de oleaginosas y cereales21, asimismo CIPCA señaló que la producción agroindustrial implica grandes riesgos sociales y ambientales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país22 y la Pastoral Social Cáritas hizo público en el mes de abril pasado su rechazo a la ampliación de la frontera agrícola, señalando que no necesariamente está orientada a producir alimentos para todos, sino a favorecer la producción de oleaginosas que benefician a sectores empresariales y no a los pequeños productores23. Finalmente, la Cámara Forestal –que no participó en la Cumbre Agropecuaria– planteó que no se opone a la ampliación, pero que ésta debe hacerse sin afectar a las áreas protegidas y forestales y que la destrucción de bosques tendrá impacto sobre la productividad agropecuaria24.
El tema del uso de material transgénico en la agricultura nacional generó en el pasado reciente la oposición de varios sectores: la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) rechazó el ingreso de semillas y productos transgénicos, remarcando la necesidad de reconocer el rol de producción de alimentos sanos de los pequeños campesinos, igualmente las organizaciones ambientalistas LIDEMA y FOBOMADE advirtieron sobre las serias consecuencias económicas, sociales y ambientales que ocasionarían, la Pastoral Social Cáritas planteó su preocupación por los daños que provocarían a la salud y a la economía campesina, mientras que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (CEDLA) señaló que el país debería desarrollar su propia ingeniería genética en función de los intereses nacionales. Durante la inauguración de la Cumbre, en Santa Cruz y Cochabamba se realizaron protestas de los Colectivos urbanos de defensa del medio ambiente rechazando su validación, que fue la única movilización social sobre estos temas.
Sin embargo, parece que las distintas posiciones críticas tuvieron poco peso en la Cumbre y que la visión que acabó por imponerse no ha generado cuestionamientos sociales capaces de modificarla.
Frente a la envergadura de la problemática agrícola del país, la escasez de conflictos sociales vinculados y la casi inexistencia de conflictos referidos a los temas centrales, resulta preocupante. Se tiende a pensar que los conflictos son negativos, que generan tensión social, distanciamiento entre actores, incertidumbre política e incluso pérdidas económicas, y se espera que no ocurran; si bien esto es cierto, también lo es que los conflictos permiten hacer visibles los problemas y –si no entrañan violencia– crear condiciones para encontrarles alguna solución. Sería deseable que la sociedad identifique y reconozca sus problemas, los analice y debata, y que los diferentes sectores hagan esfuerzos para establecer acuerdos que permitan encontrar alternativas socioeconómicas y técnicas para avanzar en su resolución y en la formulación de políticas agropecuarias justas y sostenibles.
1 Víctor Hugo Vasquez, Viceministro de Desarrollo Rural en Página Siete, 24 de diciembre de 2014.
2 Colque, G., Urioste, M. y Eyzaguirre, J.L. 2015. Marginalización de la agricultura campesina e indígena.
3 Fundación TIERRA en La Prensa, 17 de marzo de 2014.
4 En 2012 se informó que 1.555 variedades de papa eran conservadas en el Centro de Referencia de Cultivos Alto Andinos de Toralapa, Cochabamba.
5 Federico Báez, representante de los productores cañeros chicos, de comuniades y zonas altas, boliviarural.org, 23 de abril de 2015.
6 INE, 2015 en Colque, G., Urioste, M. y Eyzaguirre, J.L. 2015
7 Los Tiempos, 26 de mayo de 2015.
8 La Razón, 16 de abril de 2015.
9 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal en Los Tiempos, 11 de abril de 2014.
10 Mapa de deforestación de las tierras bajas y yungas de Bolivia, FAN - Bolivia.
11 Anualmente se aplica 4.2 millones de litros de glifosato (IARC-OMS, citado en Zegada 2015).
12 www.cipca. org, 8 de abril de 2015.
13 Atlas.umss.edu.bo, 15 de septiembre de 2000.
14 Director general de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Lucio Tito Villca, en ANF, 10 de abril de 2015.
15 Conclusiones oficiales de las cinco mesas de trabajo de la Cumbre “Sembrando Bolivia” en www.notiboliviarural.com, 24 abril 2015.
16 Propuesta del Pacto de Unidad a la Cumbre Agropecuaria (19 de marzo de 2015) en www.csutcb.org.
17 www.csutcb.org.
18 www.csutcb.org.
19 El Deber, 21 de abril de 2015.
20 Félix García Cáceres, representante de los pequeños productores de Chuquisaca, en ERBOL, 21 de abril de 2015.
21 Seminario “Recientes Transformaciones Agrarias en Bolivia”, en Página Siete, 5 de noviembre de 2014.
22 www.cipca.org.bo, 8 de abril de 2015.
23 Correo del Sur, 22 de abril de 2015. 24 ABI, 24 de abril de 2015.