Reserva de Tucabaca, entre el bien común y el bien particular
Gonzalo Colque
La reserva de Tucabaca no está constituida únicamente por tierras fiscales, como uno podría imaginarse. Al interior, 88 mil hectáreas están tituladas en calidad de propiedades particulares.
Es más famosa por las denuncias de desmontes que por ser el bosque seco tropical mejor conservado del mundo. Desde Santiago de Chiquitos, una de las últimas misiones fundadas por los jesuitas en la colonia, el visitante puede acceder a sus impresionantes farallones y miradores naturales o descubrir su importancia como como una de las mayores reservas de agua dulce. Es un territorio extenso de 262.305 hectáreas, demarcada para su protección ante la descontrolada expansión de los desmontes que avanzan al ritmo de los tractores oruga.
Grupos de activistas ambientalistas y pobladores de Roboré se organizaron para defender Tucabaca. El asentamiento de la comunidad Tupac Amaru, en la reserva adyacente de El Paquío, motivó un movimiento regional que presionó al gobierno hasta lograr la anulación de la autorización de asentamiento de esta comunidad. Muchos lo calificaron como un movimiento anticolla y defensor de las grandes propiedades privadas, pero el movimiento cobra legitimidad al denunciar recientemente el desmonte de más de 600 hectáreas. Y es que el problema no es quien desmonta, si lo hace a pequeña o gran escala, sino el avance agresivo de los intereses económicos que buscan el lucro inmediato.
La reserva de Tucabaca no está constituida únicamente por tierras fiscales, como uno podría imaginarse en un inicio. Al interior del área, al menos existen 219 predios titulados en calidad de propiedades individuales sobre una superficie total de 56 mil hectáreas. Otras 32 mil hectáreas están tituladas bajo otras formas de propiedad, incluyendo algunas comunidades indígenas. Es decir, cerca de 88 mil hectáreas tienen derechos de propiedad. Además, varios miles de hectáreas están en proceso de saneamiento y sin certeza de que pasen a manos privadas o se consoliden como propiedad fiscal. Lo cierto es que hasta ahora más de un tercio de la reserva está en manos privadas y con título ejecutorial de propiedad emitido por el INRA.
Pero el hecho de que sean propiedades privadas, no significa que el propietario puede hacer lo que le parezca en esa superficie de tierra, precisamente porque es área protegida con restricciones en el uso del suelo y; además, el plan de uso del suelo limita las intenciones de puesta bajo producción agrícola. Estas medidas de protección son bastante relativas fuera de la reserva y es la razón de los desmontes de miles de hectáreas que rodean al valle de Tucabaca. En general, las tierras de uso forestal y ganadero son permanentemente recategorizadas para obtener autorizaciones de deforestación o directamente son desmontadas de forma ilegal. Bajo el cálculo de ingresos y gastos, los agroempresarios saben que es mucho más conveniente desmontar, comenzar a producir y pagar con una parte de las ganancias las futuras multas y sanciones.
Los activistas de Tucabaca tienen al frente una narrativa economicista que se irá haciendo más fuerte. Los mercantilizadores de la naturaleza dirán que Roboré tiene la gran oportunidad de diversificar su matriz productiva y que solo hacen falta nuevos estudios para forzar el cambio del uso del suelo. Todo, con el fin de obtener autorizaciones de desmontes para la ganadería extensiva, siembra de soya o cualquier commodity agrícola de exportación. La ambición por la captura de rentas agrícolas es tan grande que varios dirigentes campesinos también comenzaron a pedir la legalización de los transgénicos y el desmonte de nuevas tierras.
El valle de Tucabaca es un nuevo escenario de batalla entre los defensores del medioambiente y los buscadores del lucro, entre el bien común y el bien particular.
