La Ley agraria señala los requisitos para la designación del Director Nacional del INRA. La norma indica que debe ser un profesional boliviano con al menos 5 años de experiencia y que el Presidente del Estado debe designar a partir de una terna aprobada por la Asamblea Plurinacional. Pero en la práctica estos requisitos no parecen tener valor porque el perfil deseado es otro.
El que aspire al cargo de Director debe ser un hombre de confianza del Ministro del área, sin importar su experiencia o profesión. No necesita tener conocimientos técnicos y jurídicos sobre el tema agrario porque su principal rol es de un operador político. Debe ser capaz de moverse con astucia entre las organizaciones campesinas, indígenas y empresariales, de una forma tal, que pueda conversar sin restricciones y negociar sin comprometer demasiado.
Siendo un cargo temporal, como lo fue hasta ahora, el Director del INRA no necesita ninguna planificación más que el estar atento y siempre listo para cumplir los mandatos cambiantes de los mandos superiores. La habilidad de “apagar incendios” es muy bien valorada. Los incendios son asumidos como un hecho dado y no como consecuencia de la ausencia de un plan coherente para ejecutar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria de forma sostenible y eficiente. Tampoco importa el tener una estrategia concertada y transparente para la distribución y redistribución de las tierras fiscales.
El aspirante debe tener la habilidad de mostrar resultados exitosos al final del año, si acaso logra permanecer en el cargo hasta finalizar el año. Debe tener la destreza suficiente para mostrar una gestión intachable para reforzar la falsa dicotomía de “antes” y “ahora” en los informes presidenciales. No necesita una evaluación profunda, basta tener la habilidad de llenar ciertos cuadros preestablecidos con información general y con datos que no precisen algo concreto o significativo.
El Director debe tener la capacidad de reunir recursos de los propietarios de tierras. Necesita tener imaginación para manipular la ley y así imponer tasas de saneamiento y titulación a medida de cada tipo de propietario. Mucho de esto ya está formalizado a pesar de las previsiones legales que establecen la gratuidad del saneamiento para los pequeños propietarios y comunitarios. Por eso, cualquier campesino que quiera título agrario de sus parcelas empobrecidas debe pagar entre 100 a 150 bolivianos por parcela. Y para registrar los títulos agrarios en Derechos Reales debe cancelar una suma similar. Además, cada acto procesal del saneamiento (notificaciones, informes, resoluciones) tiene un costo adicional para el campesino.
Pero el requisito que tiene mayor valor es demostrar que tiene la capacidad de un “caballo cochero”, es decir solo mirar hacia adelante y nunca escudriñar el escabroso pasado. Debe dar por bien hecho lo obrado.
Cumplir con estos requisitos para ser Director del INRA no es nada sencillo, no para un profesional idóneo, los que están en peligro de extinción. Tampoco hay autoridad que se proponga, aunque sea en broma, nombrar un Director según las previsiones legales y constitucionales. Abundan quienes tienen las otras destrezas y habilidades. Es un cargo codiciado donde pugnan por igual representantes campesinos, interculturales, indígenas y agroindustriales.
* El autor es investigador jurídico de la Fundación TIERRA.