¿Quiénes son los "no indignados"? ¿Por qué no son sensibles ante la perversión de un régimen que simula ser un gobierno progresista y democrático?
El Movimiento al Socialismo (MAS) es inmune ante sus adversarios políticos y ante sus propios actos. Se mantiene de pie sin importar que haya abandonado sus ideales de izquierda, que ahora sea un diligente impulsor del capitalismo expoliador de los recursos naturales o que el binomio Evo- Álvaro se postule a su cuarta reelección burlando la Constitución y el 21F. Sus militantes, simpatizantes e “invitados” miran impasibles el extravío del “proceso de cambio”.
El MAS fue una encarnación popular del hartazgo con la politiquería neoliberal. Si se acepta una analogía entre este movimiento de inicios del nuevo milenio y los “indignados” de España de 2011-2015, puede decirse que los masistas se forjaron tempranamente como críticos radicales del libre mercado y del sistema político excluyente, pero esto cambió. Ahora sería mejor nombrarlos como los “no indignados”. Los últimos sondeos electorales sugieren que serían la mayoría: seis de cada diez potenciales votantes, cuatro apoyando al MAS y dos todavía indecisos. Es llamativo que estos últimos, si bien barajan alternativas, no rechazan del todo el proyecto de Evo Morales y sus seguidores de mantenerse en el poder.
Preguntarse quiénes y por qué conforman esta masa decisiva tiene sentido, aunque no parece ser así para los opositores que necesitan del voto popular. Ensayemos una disección rápida. Primero, el núcleo duro del MAS está conformado por seguidores convertidos en funcionarios públicos. La burocracia estatal engordó a la par del boom económico y se disparó con las empresas estatales. Según el INE, en 2017 el sector público empleaba más de 402 mil funcionarios, sin contar eventuales. Esto significa que en la Bolivia extractivista y rentista, el empleo estatal representa más de la mitad del trabajo asalariado.
Después están los beneficiarios del “goteo” del crecimiento económico. Son aquellos informales o cuentapropistas que –incentivados por el aumento de la demanda interna– supieron importar e internar vía contrabando bienes de consumo y dinamizar el sector de servicios. El propio Gobierno alienta la economía informal al emplear a contratistas circunstanciales o consultores en línea; por ejemplo, gastando millones en el montaje de espectáculos políticos: pantallas gigantes, parlantes, música en vivo, grupos de bailes y otros.
Otro sector de incondicionales de Evo Morales está entre la población de extracción campesina e indígena. Si bien muy pocos de ellos se benefician con el gasto público y concesiones especiales (cocaleros y cooperativistas mineros), la mayoría se adhiere al MAS por motivos de identidad étnica y por el alto valor simbólico que otorgan a las micro-transferencias monetarias. Mediante contactos directos y reiterados con el Presidente, han sido persuadidos para reconocer un único liderazgo. Es un líder que perfeccionó el discurso dicotomizante de “amigo” y “enemigo”, el “pueblo” encarnado en él mismo y la “derecha” en los demás. Esta narrativa polarizante surte efecto porque recrea la histórica fisura nacional entre “indios” y “blancos”.
Ha dejado de ser novedad decir que los empresarios o militares también engrosan las filas de los “no indignados”. En realidad, no aportan votos sino juegan roles tácticos. A cambio de meter la mano a las arcas públicas, los militares prometen estabilidad política a la clase gobernante, mientras que los mercaderes de la tierra juran que serán la nueva locomotora de la economía nacional. El papel electoral de los agro-empresarios puede tener incluso connotaciones insospechadas, por ejemplo, disputar votos a Carlos Mesa a cambio de seguir ampliando la frontera agrícola a costa del bosque.
Importa saber quiénes son los “no indignados”, pero importa más indagar el porqué. ¿Por qué no se muestran sensibles ante la perversión de un régimen que simula ser un gobierno progresista y democrático? Paradójicamente, los opositores suponen sin más que la mayoría de los electores están exasperados y ofendidos con la pérdida de la democracia, por lo tanto, exigen su recuperación. Aunque tenga sentido esta mirada, solo moviliza a un segmento que no luce decisivo.
Las respuestas no son simples. Una hipótesis que podemos plantear es que, a pesar de los beneficios materiales y simbólicos, unos en mayor medida que otros, los “no indignados” constituyen en realidad un grupo poblacional altamente vulnerable y temeroso de retornar a su estado anterior de pobres por debajo de los mínimos aceptables y de excluidos por su condición indígena y origen popular. Además, los que en el lenguaje del MAS son la nueva clase media emergente y popular, asocian el auge de la economía —con o sin razón— con la gestión del gobierno de Evo Morales.
Desde hace tiempo el Presidente se promociona y es promocionado como sinónimo de estabilidad y el “garantizador” de recursos inmediatos para las obras. Ahora, el eslogan de su campaña electoral es “Evo pueblo, futuro seguro”. Es un discurso político que juega con el miedo de esa población vulnerable y frágil. Incluso varios ministros y jerarcas saben que fuera del aparato estatal su otra alternativa es la calle.
Los partidos de oposición, frustrados porque no suma su propuesta bandera de recuperación de la democracia, fustigan a los masistas y dan lugar a reacciones de tinte racista, como que nos merecemos un Evo Morales porque no leemos ni un libro al año. Lo cierto es que sus ofertas electorales, en realidad listas inconexas, no responden a las expectativas de los que viven en una situación precaria y muchos con la boca cerrada frente a los excesos del poder político. Los opositores tampoco condenan los negocios del gobierno con quienes concentran el control de la riqueza generada por la explotación de los recursos.
Pero el escenario de mayor riesgo que ignoran o encubren tanto oficialistas como opositores, es la temida coincidencia entre la desaceleración de la economía global y nuestra situación de vulnerabilidad y fragilidad. Si se desplomaran abruptamente los precios internacionales o se agotaran las reservas de materias primas, el desastre sería inevitable y generalizado. Penosamente, esto es muy probable en los próximos años. China se ralentiza, el comercio global se estanca y los precios presentan más caídas abruptas que subidas. Por su lado, Bolivia agota sus fuentes de riqueza natural y las empresas estatales no extractivas son deficitarias. En este contexto, ¿Evo seguirá siendo el futuro seguro? ¿Cuál será la suerte de los “no indignados”?
La precariedad es un mal extendido. Por esta razón, el derecho a subsistir está ante todo para muchos bolivianos, incluso por encima de retos trascendentales e históricos. El costo político es alto: la severa degradación de la democracia y una clase política que no tiene ideas sino intereses.
Originalmente publicado en el diario La Razón, 25.08.2019