El conflicto por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasará por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ha generado debate sobre el respeto y cumplimiento de la consulta que el Gobierno debe efectuar para lograr el consentimiento de los pueblos a proyectos de infraestructura, mineros, de hidrocarburos y otros.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, dice que si bien el Gobierno reconoce los derechos de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) –ahora denominadas Territorios Comunitarios Indígena Originario Campesinos (TIOC) por mandato de la Constitución—se ha mostrado dubitativo a la hora de respetarlos y cumplirlos.
Advierte que si el Ejecutivo no empieza a desarrollar procesos de consulta sólidos, en un futuro habrá muchos conflictos.
La Fundación Tierra presentó el jueves pasado en Cochabamba su "Informe 2010 Territorios Indígena Originario Campesinos en Bolivia, entre la Loma Santa y la Pachamama", que aporta con datos sobre los TIOC y permite conocer más y entender los territorios indígenas en un momento en que son protagonistas.
- ¿Qué importancia tiene la investigación de la Fundación sobre los TIOC, ahora que se discute sobre sus derechos?
- La Fundación Tierra cada año elabora un informe de investigación que está dedicado a un tema central, sobre temas agrarios, rurales e indígenas. En este caso, desde hace 12 meses nos hemos propuesto organizar toda la información, datos y hacer estudios sobre la situación actual de las tierras comunitarias de origen o los territorios indígenas, originarios, campesinos. Pensamos en ese momento que sería muy relevante e importante para el país.
Hay varias razones, pero una es que son 14 años de saneamiento de tierras en el país, el Gobierno ha anunciado que ha alcanzado la mitad de la meta en titulación de tierras, 50 millones de hectáreas. Gran parte de estos territorios titulados, 20 millones de hectáreas, son TCO.
Entonces, conocer en dónde están esos 20 millones, a qué pueblos indígenas pertenecen, qué tipo de derechos reconoce la Constitución y el Estado con estos títulos y si el Gobierno respeta o no estos derechos fueron las preocupaciones más importantes.
- ¿Cuál es la situación actual de los territorios indígenas?
- Hay datos muy interesantes. Una primera constatación que tenemos es que hasta ahora se habrían titulado 190 territorios indígenas en el país de un total de 258 demandas.
Segundo dato muy importante es que muchos hemos concebido en el país de que las TCO es una cosa de tierras de bajas, pero el informe demuestra que en tierras altas, la parte de valles y del altiplano, también en los últimos cuatro años se han gestado demandas y titulaciones de territorios indígenas.
- ¿Cuáles son las características de la política del Gobierno actual respecto a las TIOC?
- Existe cierta incongruencia en la política gubernamental. El actual Gobierno en los últimos cuatro años ha titulado cerca de 13 millones de hectáreas como TCO, equivalentes a todo el departamento de La Paz.
Una vez que está reconocido y existe el título ejecutorial a favor de estos pueblos, lo que corresponde al Estado es lo que dice la Constitución, garantizar este derecho propietario colectivo, proteger y cuando tenga que elaborar proyectos de ley, proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales no renovables que están en territorios indígenas, el poder del Estado se relativice frente a una parte del poder que ha cedido mediante estos derechos propietarios colectivos.
Según la ley y los convenios internacionales que ha ratificado este y otros gobiernos bolivianos, los pueblos indígenas tienen derechos a la participación, a la consulta, cuando se trata de recursos naturales no renovables.
Si bien estos recursos son de dominio de todos los bolivianos, si están en el territorio indígena el Gobierno tiene que consultar, dialogar y obtener el consentimiento de los pueblos. La consulta se hace con el objetivo de que el proyecto salga con observaciones, modificaciones que puede plantear el territorio indígena.
El Estado ha admitido la existencia de este tipo de derechos y es por esa razón que no se entiende que los últimos meses el Gobierno esté negando el derecho de consulta y participación que tienen los pueblos indígenas.
- El Gobierno ha recordado que la consulta no es vinculante por lo que los indígenas del Tipnis no pueden vetar la carretera y la construirá, quieran o no, ¿esto no va contra sus derechos?
- Hay que aclarar que legalmente el derecho a una consulta no es sinónimo de veto, es decir que el Gobierno nacional tiene tuición de hacer un proyecto en territorio indígena si es de interés nacional.
El proceso de consulta tiene varios pasos que seguir que lamentablemente en el país para estos casos no está reglamentado, no hay un procedimiento jurídico, pero se sobreentiende que tiene que ser de buena fe.
Si el Gobierno hace de buena fe un proceso de consulta, de adecuación de su proyecto carretero, y de la adopción de sugerencias que pueda que tengan los pueblos indígenas y si logra firmar un convenio, entonces es un proyecto que puede ir adelante.
En el caso del Tipnis además hay una complejidad adicional, que si bien es territorio indígena a su vez es parque nacional, por lo tanto un patrimonio de todos los bolivianos, no solamente de los pueblos indígenas.
Existen muchas voces que dicen que un proyecto caminero así más que traer beneficios va a traer cosas negativas para la riqueza natural. En ese caso, si no existe proceso de consulta, la figura más cercana que uno puede pensar y ver en las leyes es el referéndum y yo he escuchado algunas voces decir que quizás no nos conviene la carretera a los bolivianos sino conservar el parque y eso habría que someter a la consulta a todos los bolivianos.
- ¿En el país hay otros territorios indígenas en conflicto con el Gobierno también por la consulta?
- Sí, aunque no son tan visibles como el Tipnis. En el Chaco, los pueblos tienen en sus territorios gas y el Gobierno en 2007 ha emitido un Decreto Supremo de consulta en estos territorios para obtener la licencia ambiental.
Muchos de estos procesos de consulta han acabado en acuerdos económicos respaldados por las empresas petroleras y el propio Gobierno ha cuestionado en algún momento de que este sistema no estaría funcionando.
Otro proceso que ha funcionado como experiencia es el derecho a la consulta que el Gobierno intentó aprobar sobre la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Creo que se ha tratado más de una actividad de socialización e información que como un proceso de parte del Estado de obtención de sugerencias, observaciones y consentimientos.
Ya viendo estas experiencias y la dificultad que tiene el Gobierno para llevar adelante procesos de consulta en casos de TCO y de demandas, se está evitando aceptar demandas de TCO y titulaciones en zonas con minería. No es la salida si el pueblo indígena existe realmente en esa zona.
- ¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar conflictos por el tema de la consulta?
- Hay mucho que trabajar, incluso desde los funcionarios públicos para que entiendan que el derecho a la consulta es un derecho. Estamos empezando y creo que como país no tenemos experiencia en hacer procesos de consulta y entonces es un proceso que se lleva a medias.
Pienso que 190 TCO tituladas sobre más de 20 millones de hectáreas donde seguramente existen muchos recursos naturales no renovables van a traer muchos conflictos a futuro y el Gobierno tiene la necesidad urgente de crear una institución estatal sólida que haga los procesos de consulta.
