El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no conoce los datos sobre los asentamientos ilegales en cuatro parques y tres reservas forestales que revela un estudio de la Fundación TIERRA, pero confía en que el saneamiento en todo el territorio nacional elimine esas ocupaciones.
"Sabemos que hay denuncias en varios lugares, no podemos desconocerlo; el INRA no está legalizando eso. Ahora, si las comunidades están haciendo otros trámites para legalizar y si están sobre reservas o parques, el saneamiento no es legal", expresó a Página Siete el director general de Saneamiento del INRA, Johnny Cordero.
Este medio publicó el 18 de este mes las conclusiones de un estudio que, luego de un recorrido por áreas reservadas, establece que en los últimos cinco meses, los desmontes y asentamientos ilegales de grupos de colonizadores, menonitas y brasileños aumentaron en tierras de vocación forestal y áreas indígenas.
Según el informe, existen campamentos nuevos en los parques Amboró, Carrasco, Madidi y en el TIPNIS, asimismo en las reservas del Bajo Paraguá, Guarayos y El Choré; incluso otros últimos se hallan en el límite del área protegida del parque Noel Kempff Mercado.
De acuerdo con la Ley 1715 del INRA y la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, todo asentamiento a partir del año 1996 es calificado de ilegal.
Cordero justificó que el control en parques y reservas está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y las gobernaciones.
Aclaró que sólo "a partir de una denuncia, recién el INRA se hace cargo de verificar. Si estas comunidades están en una reserva y solicitan saneamiento, previo informe, rechazamos las solicitudes".
Remarcó que hay beneficiarios con títulos ejecutoriados antes de la creación de un parque; poseen títulos otorgados por el Consejo Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización. Éstos son reconocidos con la condición de acatar las normas de los parques.
El INRA, apuntó Cordero, espera que con el proceso de saneamiento a todo el territorio nacional se podrán eliminar los asentamientos y los intentos de ocupación en áreas reservadas. Este proceso debe concluir en 2013.
Desalojos
Según Cordero, a pesar de que el INRA no controla las áreas protegidas de manera directa, en convenio con el SERNAP "si hay denuncias, incluso dispone el desalojo". Empero, no supo señalar cuántas órdenes de desocupación fueron emitidas bajo convenio con el SERNAP.
"El dato no lo tengo, pero sí hemos hecho desalojos en la región de los yuracarés, en Cochabamba, porque había una propiedad saneada y había asentamientos ilegales y se ha procedido al desalojo", matizó.
Sobre supuestos asentamientos de brasileños y menonitas, aclaró que "no podemos titular a gente extranjera con ningún tipo de título; sin embargo, hay menonitas que por su trabajo en el campo son reconocidos como bolivianos", añadió.
El saneamiento está atrasado
"Estamos contra el tiempo porque Bolivia debe ser declarada como saneada en 2013; la superficie a sanear es de casi 106 millones de hectáreas (ha). Debería haberse saneado de 1996 a 2006, pero se amplió hasta 2013", explica el director nacional de Saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Johnny Cordero.
Hasta el momento, señaló, unos 60 millones de ha fueron saneadas y faltan casi 46 millones de ha. Se trabaja en todos los departamentos, a excepción de Pando, donde ya se concluyó el proceso. Para este año, se programa sanear todo el territorio de Oruro y en 2012, Chuquisaca.
Para concluir las 106 millones de ha, se necesita cumplir con 13 millones de ha. por año, pero para este 2011 sólo se cumplirá con casi el 75% de lo planificado, según Cordero, debido a que en las regiones de La Paz, Oruro y los valles cochabambinos las parcelas son muy pequeñas.
"En los valles tenemos brigadas y más de 100 personas trabajando, pero la tareas es minuciosa. En el oriente las propiedades son grandes y se avanza rápido, aunque son extensiones grandes; Santa Cruz tiene por lo menos 20 millones de ha", argumentó.
Según Cordero este año hubo algunos tropiezos con la adquisición de las fotografías aéreas que el INRA utiliza para verificar las áreas, las cuales se compran en procesos que duran de diez meses a un año.
