Una investigación sobre el desarrollo de los hechos acaecidos en Chaparina el 25 de septiembre de 2011 establece que las órdenes impartidas por algunos comandantes de la Policía que ejercían cargos de mando en ese entonces no respetaron las órdenes de las autoridades de Gobierno.
De acuerdo con esos relatos, el entonces subcomandante de la Policía, coronel Óscar Muñoz Colodro, se trasladó con otros oficiales de alto rango a Yucumo, adonde llegó a media mañana de ese 25 de septiembre sin que se haya presentado a las autoridades al mando, como el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.
Sólo en horas de la tarde se produjo el encuentro con Farfán, a quien le comunicaron la preocupación de la institución verde olivo porque tenían información de que los marchistas indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) estaban en apronte con arcos y flechas para atacar a los efectivos.
El objetivo de estos jefes policiales era conseguir el aval del viceministro Farfán para que se produzca una inmediata intervención, lo que no sucedió.
NECESARIA ORDEN FISCAL
Farfán, en su condición de autoridad y abogado, les advirtió que una intervención solamente sería posible con la presencia de fiscales y tras comprometerse a respetar las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Pese a esas exhortaciones, Muñoz Colodro y otros oficiales dejaron la reunión y tomaron sus propias decisiones con la intervención violenta a los marchistas del Tipnis. Para el efecto, adujeron que recibieron una orden de La Paz para comenzar con las acciones, lo que no es cierto y no tienen cómo probarlo.
De acuerdo con los trascendidos en la propia Policía, Muñoz Colodro y los otros oficiales estaban decididos a acabar con tantos días de bloqueo, lo que produjo un desgaste en los efectivos y hasta en los mandos.
Por esa razón habrían optado por precipitar la intervención y no esperar hasta el día siguiente para que se realice con orden y con la intervención del Ministerio Público.
SIN VIOLENCIA
Farfán ha declarado en todas sus intervenciones judiciales y públicas que el presidente recomendó no usar la fuerza ni la violencia en ninguna marcha o manifestación, y que pidió de manera expresa no usar ninguna provocación ni violencia en el caso del Tipnis.
Las posibilidades de una intervención surgieron ante las versiones de que el canciller David Choquehuanca había sido secuestrado y agredido cuando fue al encuentro de la marcha, pero fueron desechadas para cumplir con la ley y sujetarse a las normas de respeto a la Constitución y los derechos humanos.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se había comunicado con Farfán la noche del sábado para informarle que cualquier posibilidad de operativo sea suspendida para el lunes, a fin de que no se tomen acciones que no respeten las leyes.
SORPRESIVA PRESENCIA
Llamó la atención la sorpresiva presencia en el lugar de los hechos de algunos generales de la Policía, entre ellas Óscar Muñoz, que siguieron adelante los preparativos de una intervención sin consultar previamente con las autoridades, en este caso el ministro Llorenti y el viceministro Farfán, que tomaron conocimiento de los hechos cuanto éstos fueron precipitados.
A ello se sumó que el entonces comandante departamental de La Policía, general Edwin Foronda, retornó a La Paz en forma intempestiva al manifestar su desacuerdo con todo operativo de intervención, por lo que no habría conocido los hechos que se sucedieron posteriormente.
DESMENTIDO
Sin embargo algunos medios de prensa, como Página 7, publicaron que el viceministro Farfán confirmó que la orden la impartió el ministro Llorenti, lo que fue desmentido en forma enérgica.
El Viceministro subrayó en la Fiscalía que el presidente Morales nunca instruyó usar la violencia contra los indígenas y más bien lograr acuerdos que eviten enfrentamientos.
De acuerdo con el informe, el ministro Llorenti instruyó, a las 14.30 del sábado 24 de septiembre, que el viceministro Farfán se traslade a Yucumo, junto a dos generales de la Policía, para "la evacuación de los marchistas al amanecer del domingo 25". Los dos generales no se presentaron para embarcarse al avión.
Farfán informó en Yucumo a los oficiales de mando que el Gobierno estaba tramitando un requerimiento fiscal contra los responsables de la retención del Canciller y la tentativa de homicidio, una vez que sufrió agresiones, y a fin de estar listos para una intervención legal y pacífica la mañana del lunes, no sin antes intentar disuadir a los marchistas para dialogar.
DESOBEDECIERON ÓRDENES
El ministro Llorenti hizo conocer a medianoche del sábado 24 su decisión de postergar todo operativo hasta el lunes 26 para superar los problemas, pero la orden no fue acatada por algunos mandos policiales que se trasladaron a Yucumo para asumir sus propias determinaciones y desencadenar la intervención sin respetar las órdenes superiores.
El informe enfatiza que el mismo domingo 25 de septiembre en la mañana se evaluó la situación en base a los últimos partes, quedando en reunirse nuevamente al final de la tarde, pero ese compromiso no fue cumplido por esos mandos policiales.
Farfán aseveró que se opuso a la ejecución del operativo e informó a los oficiales al mando que esas acciones no tendrían valor sin el requerimiento judicial y una presencia fiscal que garantice el cumplimiento de la ley y el respeto a las personas.
Enfatizó que a media tarde del domingo recibió la llamada del general Muñoz Colodro, quien le informó que los hechos se precipitaron y que se produjo un enfrentamiento entre policías y marchistas, por lo que procedió a la intervención.
Farfán concluyó que el operativo se realizó sin contar con la presencia del Ministerio Público y que, sospechosamente, el general Muñoz y otros oficiales llegados a Yucumo esa mañana no se presentaron bajo su orden, sino varias horas después y pocas antes de que se desencadene la intervención.
Cabe aclarar que existía en algunos dirigentes de los marchistas un afán por provocar el enfrentamiento. No significa otra cosa lo que dijo a la Fundación Tierra el presidente del Tipnis, Fernando Vargas, el 28 de septiembre: "Sentí orgullo de que me reprimieran por defender a mi pueblo".
Señaló que a las cinco de la tarde, cuando fue a hablar con los policías (que se acercaron a un kilómetro del campamento de San Lorenzo, donde estaban los indígenas) para que se replieguen al lado donde acampaban (en el aserradero de Chaparina, a cinco kilómetros), "nos dijeron que no porque los habían botado del aserradero, pidieron 30 minutos, nosotros dijimos está bien, pero se tienen que ir", agregó.
