El momento de producción de biocombustibles a costa de mayor inseguridad alimentaria, finalmente ha llegado.
Poco después de que el presidente Luis Arce discursara, en mayo de este año, que la producción de alimentos estaba “garantizada” y que pronto los bolivianos tendríamos “autosuficiencia alimentaria”, los directivos de ANAPO revelaron las malas noticias: en la gestión 2021 cayeron las cosechas de trigo y maíz y el 2022 sembrarían menos trigo. Echaron la culpa a las sequías, heladas y a la prohibición de semillas transgénicas. En cambio, la soya siguió en alza, tanto en toneladas cosechadas como en superficie cultivada, por lo visto, sin sufrir los mismos efectos climáticos. El sorgo también siguió en alza y se consolida como el segundo cultivo de mayor importancia.
En los últimos cinco años, la producción de alimentos se estancó debido al contrabando en la parte andina y debido a que en el oriente boliviano las tierras agrícolas se destinan mayormente a la soya y el sorgo. En Santa Cruz, estos dos últimos cultivos acapararon el 2021 el 67% de las tierras cultivadas, seguidos por maíz (7,3%), caña de azúcar (6%), girasol (4,8%), trigo (4,6%) y arroz (4,3%). El sorgo destaca por la velocidad a la que escala, pasando de 278 mil hectáreas cultivadas en 2017 a 496 mil hectáreas, lo que significa un crecimiento del 78% en cinco años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
El boom del sorgo está motivado por las compras estatales de este cereal para producir alcohol anhidro, mezclarlo con gasolina y, de esa manera, intentar reducir la importación de combustibles. Desde hace cuatro años funciona una de las plantas destiladoras en Pailón (Santa Cruz) con capacidad para producir seis millones de litros anuales, absorbiendo el 70% de la producción total de sorgo. Los planes gubernamentales contemplan la construcción de más plantas en San Ignacio de Velasco y Yacuiba y los agroindustriales se comprometieron a producir anualmente hasta 40 millones de litros de alcohol anhidro de sorgo y maíz. Además del suministro de urea a precios bajos y de las plantas construidas con dinero público, el mayor incentivo, por supuesto, es el precio pactado. La empresa estatal YPFB paga al menos Bs 5 por litro puesto en industria y sin impuestos.
Mientras las tierras cultivadas con sorgo aumentaron en 218 mil hectáreas en cinco años (2017-2021), la historia es distinta en cuanto a la producción de alimentos. Los cultivos de caña de azúcar se incrementaron apenas en 25 mil hectáreas y el trigo en 15 mil. En contraste, el maíz se contrajo en 22 mil hectáreas y el arroz en 3,5 mil hectáreas. Los cuatro cultivos alimentarios, representan un crecimiento neto de 14,5 mil hectáreas, equivalentes al 6,6% con respecto al sorgo. La tendencia es más tierras para biocombustibles y menos alimentos.
El siguiente paso al precipicio es la producción de biodiesel a base de soya. El gobierno nacional comenzó a construir plantas de biodiesel en un afán por atenuar la creciente importación de diésel subvencionado. Si este proyecto avanza, los resultados son previsibles. La soya desplazará la producción de alimentos, la demanda de diésel importado aumentará debido al uso de más maquinarias agrícolas y los agroindustriales venderán a precio internacional el aceite crudo, es decir, no disminuirá el gasto público requerido para la subvención al diésel.
En este panorama, al contrario de las arengas presidenciales, no estamos avanzando hacia la “autosuficiencia alimentaria”, sino hacia la inseguridad alimentaria.
*Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.