Las comunidades indígena originario campesinas se han planteado la gestión de la tierra y el territorio como forma de enfrentar desafíos/amenaza originados en acciones de los empresarios ganaderos, madereros, población migrante, movimiento sin tierra y la expansión de la frontera agrícola.
La ley de Reforma Agraria firmada en la población cochabambina de Ucureña el 2 de agosto de 1953, donde los protagonistas fueron las comunidades campesinas movilizadas (principalmente de los valles y del altiplano) que prácticamente obligaron al presidente Víctor Paz Estenssoro del MNR a promulgar dicha norma, la cual posibilitó que miles de familias de las comunidades rurales recuperaran sus tierras que habían sido arrebatadas para ser convertidas en latifundios, con el argumento de que tierra en manos de indios era tierra muerta y era un freno para el desarrollo de Bolivia.
Hoy después de 61 años del histórico inicio de la reforma, las comunidades indígena originario campesinas tanto de tierras altas como de tierras bajas se han planteado como principal desafío la gestión de la tierra y el territorio. Un paso previo en este proceso fue la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) principalmente en comunidades indígenas de tierras bajas, que según lo determina la Constitución Política promulgada en 2009 pasó a llamarse Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). En cambio las comunidades rurales de tierras altas (altiplano y valles) la demanda fue la titulación familiar-individual de su tierra, aunque también hubo titulación colectiva como TCO en los departamentos de Oruro y Potosí.
Las organizaciones indígenas de tierras bajas han planteado como Gestión Territorial Indígena (GTI) 1) la organización; 2) la educación y la salud; 3) la economía, producción y recursos naturales, para la generación de ingresos, las actividades productivas de las familias y asociaciones, y el aprovechamiento de los recursos dentro del territorio; 4) control territorial como manejo y consolidación del espacio territorial y 5) servicios básicos, donde se considera el acceso al agua potable, saneamiento básico, energía y sistemas de comunicación[1]. La principal característica de la GTI es que sus impulsores han sido las propias organizaciones indígenas, las que contaron con recursos de la cooperación internacional para implementar sus iniciativas.
En cambio en las comunidades de los valles y del altiplano, después de que la Reforma Agraria otorgara la titulación individual a las familias, el sistema de herencia familiar complicó los derechos de propiedad. Hoy en día los nietos de la reforma agraria mantienen una doble residencia entre la comunidad y la ciudad como efecto de una acentuada migración campo-ciudad. Este panorama en estas regiones del país se da desde una doble dimensión: desde la tierra y el territorio, donde el foco se centra en la posesión familiar-individual de la tierra aunque en el marco de la convivencia comunal.
La gestión de la tierra y el territorio, en estas comunidades, consiste en la construcción de acuerdos intrafamiliares sobre los derechos, la tenencia y uso de la tierra, construidos en muchos casos cual si fuera un trabajo de relojería, porque las variables en juego son muchas y tienen que manejarse de tal manera que no se rompa el equilibrio, en estrecha relación entre el número de hectáreas de tierra y los copropietarios, entre varones y mujeres. Después los acuerdos deben ser avalados por la comunidad y registrados en el libro de actas. Pero hay más: muchas comunidades del altiplano de La Paz avanzaron en el procedimiento para administrar los acuerdos e incluyeron en sus estatutos orgánicos un capítulo específico sobre gestión de la tierra y territorio.
Recalcamos nuevamente que los indígenas originarios y campesinos bolivianos son los protagonistas de la gestión del territorio producto de una larga lucha por sus derechos, como la que hicieron los pueblos indígenas de tierras bajas que realizaron nueve marchas en defensa de sus territorios.
Sin gestión el control territorial se enfrenta a muchos desafíos en el presente y en el futuro. Por ejemplo, varias TCO de tierras bajas deben sortear las amenazas de los terceros sean empresarios ganaderos, madereros, población migrante del occidente del país (collas) y el movimiento sin tierra que busca predios para su subsistencia. El otro desafío al que se enfrentan es a la expansión de la frontera agrícola particularmente en el departamento de Santa Cruz.
En la región de Los Andes, la dinámica de los cambios intrafamiliares obliga a mantener una permanente actualización de los acuerdos logrados. En el mismo sentido, la doble residencia influye de manera directa y decisiva para que los acuerdos tengan un margen de flexibilidad, puesto que, en muchos casos, la tierra no es un bien del que dependa la vida económica de sus beneficiarios, sino un bien de carácter simbólico y político con una clara tendencia individual.
[1]DANIDA (2010: 94). Derechos de los Pueblos Indígenas. La cooperación entre Dinamarca y Bolivia (2005 – 2009).
* Investigador de TIERRA