Las comunidades campesinas y el loteamiento de tierras agrícolas
Wilfredo Plata
Ciertamente Bolivia es un país cada vez más urbano con el crecimiento de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Esta transformación demográfica trae consigo diversos problemas relativos a los servicios básicos, educación, transporte, seguridad ciudadana, infraestructura productiva y otros. Un aspecto poco visible es el crecimiento desordenado y descontrolado de las manchas urbanas a costa de territorios de las comunidades rurales.
Los cuatro grandes centros urbanos están rodeados de pequeños municipios con vocación agropecuaria. Las manchas urbanas se expanden sin freno y reducen la disponibilidad de tierras agrícolas. Esto no solo conlleva problemas de carácter legal sobre derechos propietarios, sino provoca cambios irreversibles en el uso del suelo, de tierras productivas y fértiles que se convierten en barrios periféricos y marginales de las metrópolis. El conflicto sobre el derecho propietario de la tierra especialmente en áreas periurbanas es un fenómeno recurrente en Cochabamba, donde las disputas más conflictivas se producen sobre las tierras de propiedad colectiva.
Podemos decir que la urbanización es un proceso forzado de descampesinización, no habiendo otra opción para los campesinos que vender sus tierras a 'loteadores' y especuladores de proyectos de urbanización. A menudo no son dinámicas de urbanización planificadas desde los gobiernos municipales y en el marco de la ley. Por el contrario, el crecimiento urbano depende estrictamente del mercado y del precio de la tierra que es fijado por el libre juego entre la oferta y demanda. Los loteadores generalmente están vinculados a estructuras de poder local y nacional.
En junio de 2015 en La Paz se produjo una masiva movilización de las comunidades de la provincia Ingavi, a raíz de un problema de loteamiento de tierras comunales en las proximidades de la ciudad de Viacha. Según los medios de comunicación, el dueño de este negocio era un diputado del MAS, Rubén Chambi, quien a la vez fungía como presidente de las Juntas Vecinales de Viacha. Chambi se declaró "propietario de unas 300 hectáreas entre los límites de los municipios de Viacha y El Alto", que habrían sido compradas a varias familias.
Una reciente investigación[1] sobre la ampliación del perímetro urbano de la ciudad de Quillacollo de Cochabamba develó que el Concejo Municipal pretendió establecer un "nuevo Radio Urbano" ocupando "casi toda la superficie del valle de Quillacollo, quedando como área no urbana solo la cordillera". Esto significa una expansión de casi cuatro veces de la superficie urbana actual. El Concejo se amparó para esta acción en la Ley 247 de "Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda" de 2012. Aquí poco importa la vocación agrícola de las tierras y se impone la urbanización dirigida por intereses económicos.
Casi con total certeza se puede decir que el crecimiento de la mancha urbana favorece a los loteadores quienes lucran y a cambio de pagos ínfimos expulsan a los campesinos de las comunidades colindantes a los centros urbanos.
[1] ¿Necesitamos ampliar las áreas urbanas?: el caso de Quillacollo, 2013. (René Calani, Katy Dávalos, Fernando Bolivar y Melina Canaviri).
