Firma de convenio: El alcalde de Tito Yupanqui, Eugenio Achu en la firma de convenio.

Con el propósito de promover el turismo comunitario en la cuenca del Lago Titicaca, los alcaldes de los municipios de Puerto Pérez, Pucarani y Tito Yupanqui firmaron convenios interinstitucionales con autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y el Instituto Técnico Superior Wiñay Marka, el 27 de julio.

Estos acuerdos permitirán el apoyo especializado de universitarios de las carreras de turismo en la implementación de las leyes municipales de protección de patrimonio en esos municipios durante seis meses.

Los convenios son resultado de un proceso de sensibilización y capacitación operado en trece municipios paceños asentados en las orillas del Titicaca –poseedores de patrimonio histórico y potencial turístico–, que fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Belga (CTB) y la Fundación TIERRA.

Uno de los objetivos específicos de los acuerdos es promover y establecer mecanismos de coordinación, interacción y cooperación a fin de mejorar y proteger el patrimonio cultural y el turismo enmarcados en la normativa vigente.

Chullpar (tumba precolombina) - Puerto Pérez.

Los estudiantes destacados de los últimos cursos y/o egresados con alto potencial académico de las carreras de Turismo de centros académicos adecuarán la temática de sus tesis de licenciatura, proyectos de grado, trabajos dirigidos o pasantías a los requerimientos de los municipios mencionados. Simultáneamente, los futuros profesionales adquirirán competencia laboral. Por su parte, los municipios facilitarán el trabajo especializado abriendo el acceso a información y la gestión necesaria para la implementación de las normas locales de protección del patrimonio.

La firma de convenios tuvo lugar en el municipio de Tito Yupanqui. En la ocasión, el director de la Regional Altiplano de la Fundación TIERRA, Efraín Tinta afirmó que: “el turismo comunitario en estos municipios –que tienen potenciales arqueológicos, culturales, paisajísticos– es posible como otra alternativa de desarrollo aparte de lo productivo. Los estudiantes de los últimos años conformarán equipos multidisciplinarios para llevar adelante estas nuevas iniciativas”.

Por su parte, el director de la carrera de turismo de la UPEA, Lic. Fernando Johnny Molina explicó que el objetivo de esa universidad es interactuar con los municipios: “[deseamos] tener un instituto de investigación, agencia de viajes y consultora para desarrollar la gestión pública y privada, y de esa manera interactuar con los municipios”.

Municipios turísticos

Lago Titicaca - Puerto Pérez.

En coincidencia con Tinta, el alcalde municipal de Puerto Pérez, Ramiro Alanoca, enfatizó la necesidad de un desarrollo integral que debe tener cada municipio, “nosotros como municipio vemos el turismo como un potencial de desarrollo, nuestros sitios antropológicos y arqueológicos descubiertos no están siendo gestionados como se debería; éstos pueden aportar al desarrollo económico de nuestras comunidades. Debemos priorizar algunas acciones para dinamizar nuestra economía”.

Por su parte el alcalde de Pucarani, Francisco Hidalgo, destacó las atracciones turísticas de su municipio como la cordillera del Wayna Potosí y la zona Condoriri y enfatizó que se éstas pueden convertirse en un circuito turístico interesante.

Aunque el Alcalde del municipio de Tito Yupanqui, Eugenio Achu, explicó que su municipio enfrentó dificultades en promover el turismo, luego recalcó la importancia de contar con el apoyo de las universidades: “nosotros vivimos en la línea fronteriza hito 2 con la república del Perú, pregonamos ser un municipio turístico, sin embargo vanos son los esfuerzos de trabajar el tema aunque sabemos que es una actividad que genera una cadena productiva”. Achu, remarcó que los universitarios que trabajen en su municipio deben ser “todo terreno, que resistan el sol, el frio”. “Necesitamos profesionales idóneos, en ese marco se puede trabajar por el bien de los municipios, me llena de alegría que las instituciones nos apoyen en este camino”.

Templo religioso en la isla Pariti - Puerto Pérez.

Es hora de pasar a la acción en favor de los trabajadores rurales. Te convocamos a ser parte del movimiento de apoyo a la “Declaración de la ONU sobre los derechos de los/las campesinos/as y de todas las personas que trabajan en las zonas rurales”. Necesitamos tu firma para impulsar la creación de un instrumento internacional de derechos humanos que mejore la promoción y la protección de sus derechos y llame la atención sobre las amenazas y la discriminación que padecen quienes trabajan la agricultura a pequeña escala en el mundo entero. En Bolivia, este sector representa el 98 por ciento de las unidades productivas agrícolas (UPA), según los datos del último Censo Nacional Agropecuario de 2013. El restante dos por ciento está constituido por las UPA de grandes propiedades, muchas de las cuales están dedicadas al agronegocio de la soya, especialmente en Santa Cruz.

Firma la petición

La agudización de las agresiones hacia activistas de derechos humanos en América Latina.

Oxfam ve con profunda preocupación la exacerbación de la violencia, asesinatos y represión contra las defensoras y los defensores de derechos humanos en América Latina. Esta situación se relaciona con un modelo económico que fomenta la desigualdad extrema e impacta negativamente en los derechos fundamentales de la población. Se trata de un hostigamiento de la cultura patriarcal y de la poca atención de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, además de su cooptación por grupos de poder que limitan su rol como garantes de derechos para la ciudadanía.

A pocas semanas de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, los indígenas y campesinos afirman que la justicia indígena enfrenta obstáculos para conseguir la igualdad de jerarquía entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario. Así lo hicieron conocer en la Mesa de Diálogo sobre la justicia indígena realizada en Sucre el pasado 25 de abril.

Algunos problemas serían el desconocimiento de la justicia indígena de parte de las autoridades judiciales ordinarias, la debilidad del sistema judicial en general y el mero carácter discursivo de la justicia indígena frente a la ordinaria.

Samuel Flores, Secretario Permanente del Tribunal de Justicia Indígena, señaló que "los jueces y fiscales no saben qué es una nación y pueblo indígena". Estas autoridades se basan en el código penal, código civil.

Efrén Choque, Magistrado del Tribunal Constitucional, resaltó que la justicia indígena enfrenta muchos problemas. No "goza de buena salud", tal como afirmó el Viceministro de Justicia Diego Jiménez al señalar que la justicia indígena no será parte de las mesas de discusión de la Cumbre Judicial. La justicia ordinaria debería "alimentarse de sus valores y principios de la justicia indígena", había enfatizado esta autoridad (La Razón 29-03-2016). En contraste, el magistrado Choque señaló que "hay una justicia grande, la justicia ordinaria, que se está comiendo a una justicia pequeña una justicia debilitada", la "justicia indígena hoy es más discursiva, nos recordamos en eventos como esto", "¿cuántos de nosotros aquí presentes hemos recurrido a la justicia indígena?, cuestionó.

Herramientas y lenguaje sencillos no burocráticos

Cinthia Armijo, Magistrada del Tribunal Agroambiental, sugirió elaborar herramientas de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, que "sean simples y sencillos", que ayuden en las decisiones que debe adoptar un juez. "Los procedimientos escritos en detalle generan una burocracia, donde los abogados se aprenden al detalle esa minuciosidad, pero no se aprenden para hacer justicia, se aprenden para chicanear y para que el proceso en vez de durar 5 o 6 meses termine durando 3, 4, 5 años. Entonces, si hay algo que nosotros debiéramos aprender de la justicia indígena originario campesina, es esa rapidez, es esa sencillez" remarcó.

La Magistrada Armijo propuso también un aprendizaje mutuo y recomendó que "se puede aprender de los errores que se han tenido en la justicia ordinaria para no repetirlos en la aplicación de la justicia indígena".

Otra fortaleza de la justicia indígena es la resolución de la causa vía oralidad, sin que necesariamente esté intermediada por los abogados. Mencionó que "los abogados complicamos más las cosas porque tenemos un lenguaje más complicado y a partir de eso se puede disfrazar muchas cosas. Tenemos que aprender nosotros a ser más simples y sencillos y que la decisión que un juez tome sea perfectamente entendible por todos, por el que ha ganado y por el que está perdiendo".

Las experiencias indígenas

Por su parte Roberto Sánchez Apaza, de la Marka Ulloma de Pacajes, señaló que los indígenas tienen formas propias para "solucionar los problemas desde nuestros [sus] ancestros". Carmen Chuvé de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) enfatizó que en su territorio "siempre se aplica lo que es la justicia indígena, por ejemplo, si hay un error grave de un hermano indígena, el tope último [de sanción o pena], como se dice, es la expulsión de la comunidad. Pero lo que nos limita y nos hace dudar es que la Asamblea Legislativa Plurinacional es que saca una ley que está contra la Constitución".

José Inca Chocotea, Mallku de la nación Charcas del Norte de Potosí, exigió que la justicia indígena sea respetada y "sea valorada a nivel nacional, ahora nosotros como indígenas no nos sentimos valorados. Todo nuestro sistema judicial no es respetado en Bolivia". "Nosotros como nación Charcas queremos tener nuestro propio sistema jurídico, ya no queremos tan solamente depender de la justicia ordinaria [...] queremos normativizar nuestro sistema jurídico", es decir, claridad basada en acuerdos de "cómo debemos actuar" ante problemas concretos.

Sobre este punto el magistrado Efrén Choque, relativizó la codificación de la justicia indígena puesto que caería en los mismos vicios que la justicia ordinaria, "la justicia indígena originaria campesina tiene otra forma, siempre se ha dicho que es oral. Aunque tiene algo de general, el aymara tiene otra forma, el quechua también, en Charagua, en la Chiquitanía tienen sus propias formas. En ese sentido no se podría codificar. Tomando en cuenta que en ese error ha caído la justicia ordinaria, porque tiene sus pasos y siempre ha tenido sus crisis. Pero tiene que haber unos pasos procesales en común".

Finalmente, Wilma Mendoza de CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia) resaltó que para una buena coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, se requiere "conocer la diversidad de justicia que tenemos". "Por ejemplo hay diferencia en el ejercicio del derecho individual universal y el ejercicio del derecho colectivo". "Las autoridades judiciales no entienden nuestra visión nuestra misión, nuestra práctica que hacemos en nuestro territorio. Hoy en día estamos en desconfianza, pero es el momento de confiar entre nosotros para seguir avanzado".

Esta actividad fue organizada por el Tribunal de Justicia Indígena con el apoyo de Fundación TIERRA. Participaron invitados de pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas y representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental y otros especialistas en el tema.