Que el hichi tuúrsch (dueño del agua) pueda más que las máquinas.
Que el hichi iúrsch (dueño de la selva) pueda más que la ambición.
El equilibrio encontrado por los indígenas de San Antonio de Lomerío –Santa Cruz– entre sus necesidades económicas y la sostenibilidad ambiental, está amenazado por la ampliación de la frontera agrícola y las actividades mineras que tienen lugar en los municipios vecinos de Cuatro Cañadas, San Ramón, Concepción y San José de Chiquitos, de acuerdo con un estudio sobre Gobernanza de los Recursos Naturales en Lomerío.
En la investigación se explica que la presión sobre el territorio indígena del municipio de Lomerío se origina principalmente en la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de soya, que avanza desde los municipios de Cuatro Cañadas y San Ramón, vecinos en los límites sur y oeste de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Lomerío. Por el norte, en el municipio de Concepción, amenaza la ampliación de desmontes para convertir los bosques en pastizales para la cría de ganado bovino. La explotación minera avanza en el municipio de San Ramón al oeste de Lomerío y al este en el municipio de San José, “con serios impactos sobre el territorio y el medio ambiente”.
Alcides Vadillo, Simar Muiba y Jorge Salgado, autores del estudio, afirman que el hecho de que Lomerío sea un territorio indígena, con todas las medidas de protección que le otorga la ley, y de haber generado un proceso de gestión territorial indígena en esa jurisdicción territorial, “ha bajado la presencia y los impactos del modelo de desarrollo extractivista prevaleciente en su entorno”. Pese a ello, dicen, la presión cada vez mayor sobre los recursos de la TCO ha “…generado algunas situaciones de conflictos…”.
El mercado quiebra las normas internas
Según la investigación, “…a medida que las relaciones (de los indígenas) con el mercado se hacen más dinámicas, las normas internas (para el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales) tienden a relajarse o ser desplazadas poniendo en riesgo los niveles de gobernanza logrados hasta ahora”.
Este proceso se explicaría debido a que las empresas extractivas (madereras, mineras o agroindustriales)…” tienen poder y capital por encima de las necesidades de las comunidades. Según la investigación, los dirigentes de las comunidades “…terminan firmando acuerdos o contratos con las empresas privadas sin la participación de la CICOL (Central Intercomunal Campesina del Oriente de Lomerío), ni de autoridades del Gobierno Municipal”.
Madera 300 por ciento más barata
Como ejemplo de las relaciones desiguales, los investigadores explican que las comunidades de San Simón y Santo Rosario pactaron un precio con las madereras PGMF Sur y la empresa IMPA de Concepción por metro cúbico de madera, “…300 por ciento más bajo en relación con el precio de venta pactado en otros lugares del territorio y con otras empresas, más específicamente en el plan de manejo denominado Punto 10”.
Algo similar sucedió en un contrato de compra – venta de desmonte de minerales: wólfram, estaño, antimonio y otros. El cacique mayor de la comunidad El Pukio Cristo Rey aceptó cinco mil bolivianos por la excavación de un metro de profundidad en el suelo, dentro de la concesión denominada “Los Tusequis” (20 cuadrículas equivalente a 500 hectáreas). Cada carga era sacada del territorio para ser analizada, se presume, en un ilegal proceso de exploración minera. La CICOL y autoridades del municipio intervinieron y lograron detener la extracción de minerales de la comunidad. Ambas instancias explicaron que el concesionario no contaba con la ficha ambiental ni con los permisos estipulados en la legislación boliviana ni el de las autoridades del territorio.
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Gestión territorial indígena para gobernanza de RRNN
En el 2001, con un equipo técnico propio, la CICOL comenzó con la Gestión Territorial Indígena que se puede caracterizar como el primer paso hacia la autonomía indígena. En este proceso se pusieron de acuerdo las 29 comunidades, cada una con un plan de gestión comunal propio, además de un plan de Gestión Territorial Indígena para todo el territorio. Se ejecutaron proyectos estratégicos de uso y manejo de los recursos naturales y se apoyó el fortalecimiento del gobierno propio de la CICOL.
A partir de la experiencia del año 2001, se puede decir que se generaron las mejores condiciones para establecer procesos de gobernanza de los recursos naturales en favor del pueblo de Lomerío. A partir de ese momento, coincide la organización indígena reconocida y legitimada a nivel del territorio, el territorio con un reconocimiento legal y la madures o conciencia de las comunidades que son capaces de impulsar la regulación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales por decisión propia, con un sentido social y de sostenibilidad.
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