¿Qué pasará con los municipios en conversión que no hayan consolidado su autonomía hasta el fin del mandato de sus alcaldes y concejales en abril de 2015?

El viceministro de Autonomía Indígena, Gonzalo Vargas, afirma que la demora en la construcción de las autonomías indígenas "se complejiza más porque se trata de construir una nueva institucionalidad".

La autoridad participó con ese razonamiento en la reunión de evaluación de la gestión 2013 realizada el 18 de noviembre por la Plataforma interinstitucional de apoyo a las autonomías indígenas que congrega a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originaria Campesinas (CONAIOC), instituciones de la sociedad civil y el ministerio de Autonomías.

Si bien la construcción de autonomías en Bolivia es un proceso con "muchas dificultades", en el caso de las indígenas esto se acrecienta. Según la lógica de Vargas, las instituciones y normas departamentales y municipales siempre han existido y ahora corresponde ajustarlas "a los desafíos que plantea la Constitución Política del Estado y el modelo de Estado plurinacional"; a diferencia de los pueblos indígenas que "siempre fueron autónomos en alguna medida, sin embargo, nada de sus estrategias de ocupación espacial, de sobrevivencia, de desarrollo de su propia cultura estuvieron reconocidas por la Constitución Política y en consecuencia por las leyes nacionales".

Aunque la constitución de 1994 abrió pequeños espacios de participación para el mundo indígena, "ahora sí se trata de construir una nueva institucionalidad", afirma el viceministro.

Los municipios son un obstáculo

Los municipios se han convertido en un obstáculo para la construcción de las autonomías indígenas, opina la autoridad gubernamental. Según su lógica los pueblos indígenas están a expensas de los gobiernos locales por la proximidad de los mismos.

"Las autoridades municipales en la mayoría de los casos, en vez de contribuir al proceso, se han convertido en una suerte de otro obstáculo, de otro desafío más que hay que vencer..." afirma Vargas.

A pesar de esos obstáculos, Vargas piensa que la plataforma es un espacio en el que en 2014 se debe seguir trabajando el diseño de los estatutos autonómicos, tarea que está en el plano político de la construcción de institucionalidad de la AIOC. Desde agosto de 2012 hasta la fecha, siete estatutos fueron remitidos al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control previo de constitucionalidad. Sólo el estatuto de Marka Totora recibió una declaración constitucional que observa algunos artículos y da la opción de subsanar los mismos.

Agenda económica, de seguridad alimentaria y otros

Además del tema político, Vargas considera que el trabajo de las AIOC debe avanzar en la "estrategia económica, es decir, cuáles son las bases sobre las que se van a sostener los pueblos indígenas". Para esto hay que tomar en cuenta que las indígenas son sociedades principalmente agrocéntricas y pueden aportar a la sociedad boliviana en ese ámbito.

Con esa base, Vargas afirma que "es difícil pensar el tema de la seguridad y soberanía alimentaria pensar sin los pueblos indígenas. El comer bien para vivir bien es imposible sin ellos".

La autoridad de gobierno plantea el tema educativo-cultural como otro de los desafíos para las autonomías indígenas en 2014. "Si (los indígenas) no generan procesos educativos que revaloricen y reproduzcan los elementos sustanciales de su cultura, (...) la escuela se va a seguir robando a los niños". Esto quiere decir, que continuará generando la aspiración de vivir en la ciudad y no valorar lo suyo.

Como corolario de un debate y decisión interna once municipios del área rural optaron por la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) a través de un referéndum en diciembre de 2009, convirtiéndose en los pioneros en realizar esta gestión ante el Estado boliviano. A cuatro años del inicio de ese camino, expertos en el tema afirman que el proceso corre el serio riesgo de fracasar como consecuencia de lo dilatado que se torna la tramitación, y con ello, el peligro de que la realización de las elecciones municipales en 2015 fracture o impida los referendos de aprobación de los estatutos indígenas. También preocupa a los entendidos, factores sociales, económicos y culturales que afectan a las poblaciones de las jurisdicciones municipales en conversión.

Estas son algunas de las reflexiones manifestadas en el conversatorio sobre el Fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el Estatuto Autonómico de Totora Marka, organizado y realizado por Fundación TIERRA el 24 de octubre.

Hasta la fecha sólo el Estatuto de Totora Marka, de los cinco que ingresaron en esa fase, ha vencido parcialmente el control constitucional que debe realizar el TCP. Desde el año pasado los estatutos de Mojocoya, Uru Chipaya, Charagua y Pampa Aullagas esperan un veredicto de ese ente.

A la luz de un análisis sobre la Declaración constitucional 0009 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) referida al Estatuto autonómico de Totora Marka, el investigador José Luis Exeni afirma que el ente de control de constitucionalidad “puede hacer naufragar este proceso por efecto de la dilatación de los plazos”. Exeni sustenta su afirmación explicando que el TCP necesitó 10 meses para emitir esa declaración desde que fue solicitada por los interesados en agosto de 2012.

“Aquí ya tenemos un primer problema. Si cada sentencia nos va a tomar 10 meses, entonces tenemos que tomar la previsión del tiempo para ver en qué medida el proceso puede estancarse, puede limitarse”, afirma Exeni.

Otra señal preocupante es el largo tiempo que transcurrió entre la aprobación de la declaración y su comunicación a los interesados. “…lo que me parece más grave es que la sentencia se emite el 27 de junio, pero recién el 19 de septiembre se la da a conocer. ¿Por qué? Se han tomado tres meses en comunicar el fallo. Esta es una pregunta que nos deberíamos hacer: O hay un serio problema interno de comunicación en el TCP, o hay una decisión explícita de dilatar el proceso”.

Dados los tiempos que hasta el momento se han tomado las instancias estatales ante las que se tramita la autonomía, la realización de las elecciones municipales en 2015 se asoman como un factor que puede hacer fracasar el proceso autonómico indígena porque después del control de constitucionalidad los estatutos deben ser sometidos a un referéndum de aprobación en sus municipios, 120 días después de la convocatoria para esas consultas. Pero si las declaraciones de constitucionalidad demoran en salir más allá de principios del próximo año, los referendos pueden ser obstaculizados por la convocatoria a los comicios municipales.

“…si hasta enero del próximo año no emite esta y las otras sentencias, puede ser que no haya referéndum y que el proceso se postergue hasta el 2015, con lo cual podemos inviabilizar el proceso”, afirma el investigador.

A los retrasos se suman algunos factores internos que en el caso de Totora Marka también se constituyen en factores de riesgo para la AIOC. El investigador Marco Mendoza, que fue parte del equipo de apoyo técnico para la redacción del estatuto de ese municipio en conversión, tiene el temor de que el referéndum de aprobación del Estatuto sea negativo porque “hay muchos intereses en juego” que pueden articularse en contra.

Mendoza basa su hipótesis en el hecho de que los jóvenes y las mujeres de esa marka no participaron en la discusión y aprobación interna del Estatuto que fue presentado al TCP, además en la acción política del alcalde de ese municipio que “ha sido el principal obstáculo para que el Estatuto avance”.

“Los jóvenes decían desde afuera: dejemos que estos viejos discutan y aprueben esto. En 5 años vamos a cambiar esta sonsera (…) Se van a articular intereses de los residentes, intereses político partidarios, mujeres y jóvenes que de alguna manera van a frenar este proceso estatuyente y podríamos tener un aborto ya llegando a los 9 meses…”, afirma el experto.

De una revisión de los estatutos elaborados en cuatro municipios en transición a autonomías indígena  originario campesinas —Totora, Pampa Aullagas, Uru Chipaya y Charazani— se evidencia el esfuerzo de sus órganos deliberativos o consejos estatuyentes por combinar la tradición originaria de sus habitantes con los rasgos liberal y centralista presentes en la Constitución y las leyes.