“Hay agricultores que deberían ir presos”. Esa es la afirmación que hizo el investigador y doctor en Ciencias Agrícolas, Roberto Unterladstaetter, durante la presentación del libro: Cambio climático en Santa Cruz. Nexos entre clima, agricultura y deforestación, documento que evidencia que Santa Cruz sufre un calentamiento climático por encima del calentamiento global debido, principalmente, a la excesiva intervención humana con fines agropecuarios, que se traduce en el desmonte de millones de hectáreas de bosque.
En criterio de Adita Montaño, Coordinadora del Programa de Cambio Climático (PCC) de la gobernación de Santa Cruz, llegar a las proyecciones de incremento de temperatura que se tienen previstas para los próximos años será “catastrófico” porque representa una serie de cambios que afectarán a las personas en todos los aspectos. La autoridad participó el jueves, 24 de agosto, en la presentación del informe: “Cambio climático en Santa Cruz. Nexos entre clima, agricultura y deforestación”, evento que tuvo una nutrida participación de autoridades nacionales y departamentales, organizaciones involucradas en la temática de medio ambiente, investigadores, docentes y estudiantes universitarios, entre otros.
Entre la década de 1981 – 1990 y la de 2011 – 2021, la temperatura promedio de Santa Cruz subió de 24,7 °C a 25,8 °C, lo que significa que el calentamiento de la región está por encima del calentamiento global. Ese es uno de los datos relevantes que destaca la investigación “Cambio Climático en Santa Cruz, nexos entre clima, agricultura y deforestación”.
La Declaración de Belém de los países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) no contiene objetivos concretos para frenar la deforestación, lo que pone en duda la promesa de los gobiernos de la región de proteger el “pulmón verde” y liderar la lucha global contra el cambio climático.
El Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 4959 con el que crea el Registro Único de Mercurio (RUME) instancia que registrará a toda persona natural o jurídica, pública o privada que realice importación, exportación o comercialización de mercurio, con la finalidad de precautelar por “la salud humana y reducir el impacto en el medio ambiente provocado” por el uso de este metal.
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