La Declaración de Belém de los países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) no contiene objetivos concretos para frenar la deforestación, lo que pone en duda la promesa de los gobiernos de la región de proteger el “pulmón verde” y liderar la lucha global contra el cambio climático.  

El Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 4959 con el que crea el Registro Único de Mercurio (RUME) instancia que registrará a toda persona natural o jurídica, pública o privada que realice importación, exportación o comercialización de mercurio, con la finalidad de precautelar por “la salud humana y reducir el impacto en el medio ambiente provocado” por el uso de este metal.

Un estudio científico realizado a iniciativa de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), aplicada a 36 comunidades, reveló este martes que la contaminación por mercurio afecta a los habitantes de seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido de toxicidad en su cuerpo. Los más afectados son los tsimanes y ese ejjas, que se alimentan de peces y habitan en la cuenca baja de los ríos, donde se concentran los desechos de la parte superior, donde hay actividad minera mecanizada y artesanal para la explotación del oro.

Recortar el gasto corriente de 2023 en el sector público, crear un régimen impositivo específico para los grandes consumidores de diésel y cancelar los proyectos de producción de biodiesel, son las tres de las seis medidas que planteó este martes la Fundación TIERRA —organización especializada en temas agrarios y ambientales—para enfrentar los problemas económicos en Bolivia sin agravar los costos ambientales y sociales.